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Eliminan en Perú los beneficios penitenciarios por homicidio


El Ejecutivo peruano aprobó un proyecto de ley que elimina los beneficios penitenciarios para los sentenciados por homicidio calificado (perpetrados con crueldad) así como a libertad condicional para los reincidentes por robo agravado, informó hoy el ministro de Justicia, Víctor García Toma.

"Se establece la prohibición de otorgar beneficios penitenciarios, como la reducción de la pena por trabajo, semilibertad o liberación, para los delitos de parricidio y homicidio calificado", dijo García Toma a la agencia estatal Andina.

García Toma agregó que esa figura penal (homicidio calificado) incluye, además, la muerte de magistrados del Poder Judicial, fiscales y miembros de la Policía Nacional.

El ministro indicó que la iniciativa también elimina el beneficio de libertad condicional a aquellos reincidentes de la misma falta penal y modifica el sistema de reducción de penas de 2x1 (mediante el cual se redime dos días de estudio o trabajo del reo por un día de su condena) al de 7x1 para los condenados por delito de robo agravado con arma de fuego.

Asimismo se prohíbe el otorgamiento de la libertad condicional "para los reincidentes y habituales en los delitos de extorsión, secuestro, y robo agravado con arma de fuego", precisó García Toma.

El dispositivo da un plazo de 30 días al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para que reestructure el sistema, examine la calidad de su personal y los procesos que se siguen en esos casos.

 

Esta iniciativa se da dos días después de que el presidente peruano, Alan García, pidió que se endurezca la lucha contra la delincuencia y se tome en cuenta el sentimiento de la población peruana, que en un 80 por ciento pide la aplicación de la pena de muerte para los delitos graves.

En las últimas semanas una serie de sonados delitos han conmocionado a la sociedad peruana y han reactivado el debate entre los medios políticos y de prensa sobre la pena de muerte.

El Grupo Fujimorista en el Congreso presentó el pasado jueves un proyecto de ley para aplicar la pena capital a los delitos que tengan a los niños como víctimas, que se sumaría al de traición a la patria que ya merece actualmente la pena máxima aunque hace muchos años que no se aplica.

 

 


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Fecha y hora de publicación

101 años de Panamá América

 
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