Un mes después del accidente aéreo, que le costó la vida a 154 personas en el aeropuerto de Madrid, la investigación sobre las causas de la catástrofe se desarrolla entre continuas filtraciones y reproches políticos entre el Gobierno y la oposición.
El 20 de agosto, la aviación comercial española sufrió su accidente más grave desde 1985, al estrellarse un MD-82 de la compañía Spanair, segundos después de despegar con rumbo a la isla de Gran Canaria, en una tragedia a la que sobrevivieron 18 personas.
La aeronave, como se pudo ver en las imágenes grabadas por una de las cámaras del aeropuerto y difundidas por diversos medios esta semana, se desplomó tras levantarse unos pocos metros y se desplazó a toda velocidad fuera de la pista, tras lo cual cayó por un terraplén y estalló segundos después junto a un arroyo seco.
La difusión de las imágenes fue la última de las filtraciones que han jalonado las pesquisas preliminares de la comisión creada para investigar el siniestro y el trabajo del juez encargado del caso.
El informe preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC), del que se han publicado ya diversos puntos, debía haberse difundido el viernes, pero habrá que esperar a la semana entrante para conocerlo, según informaron fuentes próximas a la investigación del suceso.
El retraso se produjo después de que tres miembros de la Comisión, un piloto y dos peritos, anunciaran su dimisión por discrepancias con la actuación del grupo de investigación.
Fuentes de la investigación advirtieron que con estas renuncias el informe preliminar que emita la Comisión podría "no tener valor jurídico", al no tener la firma de todos sus miembros.
El piloto que dimitió, Valentín Villarreal, envió una carta al presidente de la CIAIAC, en la que expone que no tuvo nada que ver con el primer borrador de informe y que lo conoció por la prensa, por lo que discrepa "profundamente no solamente de la forma, sino del contenido, argumentaciones y recomendaciones" del mismo.
En la misma línea, la Asociación Europea de Pilotos de cabina trasladó a las autoridades de la Unión Europea su preocupación por la "aparente filtración estratégica de información confidencial" de la investigación sobre el accidente".
