Los "errores que no debieron ocurrir nunca", según la fórmula empleada por los jefes militares para admitir y lamentar tardíamente las violaciones a los derechos humanos en Chile bajo la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), son un manto sobre una estadística de horrores.
Según la Comisión Rettig, de juristas y personalidades de todo el abanico ideológico, la primera en recopilar los abusos (2000/2001), el régimen dejó 2,298 asesinatos certificados.
El comité investigador no logró confirmar otros 957 casos mortales, pero su continuadora legal, la Comisión de Reparación y Justicia, agregó más tarde una nueva lista oficial de 899 crímenes, que elevó el total a 3,197.
Dentro de esa cantidad figuran 1,185 presos políticos que fueron fusilados sin juicio o tras fallos que los declararon inocentes, entre ellos 82 mujeres. Diez mujeres perecieron ejecutadas junto a sus hijos, según archivos del Partido Socialista del derrocado presidente Salvador Allende .
Nueve niños nacieron de madres desaparecidas en cárceles y la suerte de ellos, 30 años después, es un misterio total. Una de esas madres, Michelle Pena Herreros, tenía 27 años cuando fue capturada en 1975 y fue arrojada al mar desde una aeronave, después del parto, según un informe castrense entregado al Gobierno del presidente Ricardo Lagos en enero de 2001.
En el reporte de las Fuerzas Armadas, entregado a una "Mesa de Dialogo" cívico militar que sesionó entre los años 1999 y 2001, figuraron 200 nombres de detenidos desaparecidos lanzados al Pacífico, los ríos y lagos o eliminados en lugares ignorados, sobre un total de 1,198 hombres y mujeres.
No hay cifras reconocidas de las opositoras violadas mientras estaban detenidas. Tampoco se conocerá, por lo masivo, cuántas personas fueron torturadas por agentes gubernamentales, según apreciaciones de la Vicaría de la Solidaridad de la Iglesia Católica.
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos estima que los cuerpos dinamitados tras los asesinatos podrían ser centenares. En 1978, según una revelación publica del general Odladier Mena, Pinochet ordenó un catastro de los cementerios ilegales de los opositores eliminados, para una eventual entrega futura de restos, pero la verificación de los lugares con los datos aportados a la "Mesa de Diálogo" demostró que las tumbas, muchas dentro de regimientos, estaban vacías, con signos de remociones.
Los sacerdotes católicos muertos a bala o por torturas son cinco. En el peor momento de la transición de una economía socializante a la vía del libre mercado sin barreras elegida por el gobierno pinochetista, el desempleo estuvo al borde de la tasa del 30%, a finales de le década de los 70.
Las leyes de excepción que, conjuntamente o por separado, prohibieron sindicatos, partidos, reuniones, prensa, el libre transito, los retornos a la patria, las asociaciones, o que establecieron toques de queda nocturna y estados de sitio, duraron desde el día del golpe, el 11 de septiembre de 1973, hasta 1988, un tiempo récord en la historia chilena.
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