Un escándalo desataron en Colombia las revelaciones de contactos "secretos" con las FARC que buscaban la liberación de dos políticos que fueron luego asesinados junto a ocho militares, y de que un helicóptero oficial llevó ayuda humanitaria al campamento donde estaban cautivos.
Ambas denuncias motivaron una exhaustiva investigación, abrieron un debate sobre las misiones humanitarias y enfrentaron en un cruce de versiones al presidente Alvaro Uribe y a funcionarios de la gobernación del noroccidental departamento de Antioquia.
Uribe aseguró el miércoles que no sabía de las gestiones humanitarias ni de que funcionarios de esa gobernación sostenían contactos con las FARC para lograr la liberación del gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y su asesor de paz, Gilberto Echeverri, secuestrados el 21 de abril de 2002.
Poco antes el gobernador encargado de Antioquia, Eugenio Prieto, y la esposa de Gaviria, Yolanda Pinto, habían asegurado a la prensa que el mandatario tenía pleno conocimiento de esas gestiones. Prieto precisó incluso que Uribe "pidió mucha prudencia (en los contactos) y mucho cuidado y así lo hicimos" y reiteró que el mandatario también estaba al tanto de los envíos de medicinas y víveres para Gaviria y Echeverri, quienes estaban cautivos junto a 11 militares en las selvas del municipio de Urrao (noroeste).
"Yo no hice gestiones secretas para liberar a mi esposo y al comisionado de paz, nunca las hice", dijo Pinto ayer, pero aclaró en respaldo a Prieto, que éste "le planteó al presidente que había una posibilidad de hacer un contacto y después le informó que esas gestiones no habían obtenido resultado".
Prieto está en el ojo del huracán debido a la declaración de un militar según el cual un helicóptero, al parecer de la gobernación de Antioquia, había trasladado a 11 rebeldes, seis de ellos enfermos, del campamento de las FARC en Urrao.
Ello habría ocurrido un día antes de que fueran asesinados Gaviria, Echeverri y los ocho militares durante una fallida operación militar de rescate en las selvas de Urrao, 410 km al noroeste de Bogotá, según el testimonio del sargento Pedro Guarnizo, uno de los tres militares que sobrevivieron a la ejecución.
Prieto reconoció que el helicóptero llevó en dos oportunidades ayuda humanitaria, como parte del Programa Aéreo de Salud de Antioquia, pero él y los pilotos al servicio de ese plan negaron tajantemente que los guerrilleros hayan sido movilizados para recibir atención médica.
"Creo que a los secuestradores hay que capturarlos y encarcelarlos, y aquí los curamos. No creo que utilizar los bienes públicos para llevar medicinas a la guerrilla", dijo ayer el vicepresidente Francisco Santos.
El presidente de la Cámara de Representantes de Colombia, William Vélez, propuso ayer que las organizaciones rebeldes liberen a todos los niños secuestrados y de sus filas y el Estado excarcele a guerrilleras madres y a enfermos. Según Vélez, ése sería un "primer paso y una muestra de buena voluntad", tanto del Gobierno colombiano como de las guerrillas para retomar un proceso de reconciliación.
De aceptarse esa propuesta, hay un marco jurídico para lograrlo, señaló Vélez, al abrir las deliberaciones del "I Panel Internacional sobre Acuerdo Humanitario y Niños Secuestrados". "Si logramos ese acuerdo mínimo que libere a los niños del dolor de la guerra, será más fácil dar los otros pasos", subrayó Vélez.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
