Grupos de activistas en contra de la Ley de inmigración en Arizona (EE.UU.) sostienen que un mes después de que entrara en vigor la medida, ya se empiezan a sentir los efectos sociales y económicos en el Estado, pese a que las demandas en contra de la controvertida legislación continúan.
Un mes después de que la ley entrara a regir, se han perdido cerca de 12 millones de dólares debido a la cancelación de cerca de 40 convenciones y reuniones por el boicot nacional en contra de Arizona, de acuerdo con las estadísticas de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado.
Asimismo, los negocios en ciudades como Phoenix y Tucson continúan arrojando cuantiosas pérdidas debido a la combinación de la mala economía, la falta de clientela y el miedo a la Ley SB1070 que han dejado un alto número de locales a la venta, en alquiler o simplemente vacíos.
La medida, que fue implementada el pasado 29 de julio, también ha tenido un fuerte impacto social dentro de la comunidad hispana, especialmente entre los inmigrantes con o sin documentos migratorios.
"Vemos que la gente sigue viviendo sumida en el miedo, temor a ser arrestados por la Policía que continúa deteniendo gente", dijo Salvador Reza, activista y líder comunitario de la organización Puente en Phoenix.
En julio, la jueza Susan Bolton de la Corte Federal suspendió temporalmente algunos de los elementos más controvertidos de la ley estatal, entre ellos una sección que obligaba a la Policía a verificar el estatus migratorio de las personas sospechosas de estar de manera ilegal en Estados Unidos.
Reza agregó, que a pesar de la anulación realizada por Bolton, la Policía en Arizona sigue teniendo la opción de cooperar con las autoridades de Inmigración a través del programa federal 287(g).
"Creo que el mayor impacto que ha tenido la SB1070 es el temor, el miedo que obligó a mucha gente a dejar el Estado, pero también este miedo nos ha obligado a organizarnos mucho mejor", enfatizó Reza.
