Estudiantes de universidades de varias regiones de Venezuela comenzaron a reunirse hoy en Caracas para marchar hasta la sede del Supremo, a fin de pedir el aplazamiento hasta 2008 del referendo sobre la reforma constitucional "antidemocrática" promovida por el presidente Hugo Chávez.
Cerca de las 11 de la mañana de hoy , los estudiantes se congregaban en la Plaza El Rectorado de la Universidad Central de Venezuela (UCV, pública), de donde partirán hacia la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en el centro de la capital.
Mientras tanto La sede del Supremo amaneció hoy fuertemente custodiada por miembros de la Guardia Nacional (GN-policía militarizada) y de la Policía Metropolitana (PM), la principal de Caracas.
También se llevan a cabo hoy manifestaciones estudiantiles en contra de la reforma en al menos otras dos ciudades, Maracay y Mérida, de acuerdo con medios locales.
Al menos seis estudiantes universitarios resultaron heridos y unos 36 detenidos en diferentes protestas celebradas ayer en tres regiones venezolanas, en rechazo a los cambios constitucionales impulsados por Chávez, según informaron a Efe fuentes estudiantiles.
Stalin González, líder de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la UCV, señaló hoy que han activado un dispositivo de seguridad para evitar que "infiltrados" generen violencia durante la manifestación y desvirtúen el carácter "pacífico" de la protesta.
Portavoces estudiantiles han reiterado el carácter "no violento" de sus protestas en favor de la "libertad y la democracia", y han denunciado ser objeto de "una campaña mediática" gubernamental para satanizarlos y acallarlos.
El sector estudiantil opositor rechaza la reforma de 69 de los 350 artículos de la Carta Magna de 1999, al considerar que es "antidemocrática" y perpetúa a Chávez en el gobierno, que asumió por primera vez hace ocho años.
Por su parte, Chávez afirma que la reforma constitucional dará "más poder al pueblo" y reforzará el proyecto "revolucionario" de instaurar el sistema socialista, el "único camino a la paz y la justicia".
Entre los artículos más polémicos del proyecto están la reelección indefinida presidencial y la posibilidad de que el Estado restrinja la información y suspenda el derecho al debido proceso durante los estados de excepción.
