Las autoridades estadounidenses ordenaron ayer la evacuación de al menos 30,000 personas en el estado de Tennessee al derramarse ácido sulfúrico transportado en un tren que descarriló, informó la cadena de televisión CNN. La cadena dijo, citando a fuentes policiales, que hasta ahora no se ha informado de víctimas ni por el accidente ni por el derrame de la sustancia tóxica.
Sin embargo, algunas personas tuvieron que ser atendidas en hospitales cercanos a causa de irritaciones en la piel y problemas respiratorios, según la policía de Knoxville, en el estado de Tennessee, donde ocurrió el accidente por causas desconocidas. La mayoría de las personas fueron evacuadas de las localidades de Farragut y Turkey Creek, mientras las autoridades investigan las causas del accidente.
El tren cubría la ruta desde Allentown (Pensilvania) hasta Birmingham (Alabama) y transportaba ácido sulfúrico del Ejército de Estados Unidos. El pasado viernes, al menos cuatro personas resultaron heridas al estallar un vagón de tren con productos químicos en una fábrica de la empresa BASF cercana a la ciudad estadounidense de Houston (Texas), que se incendió.
Abogó por una modificación a la ley que cristalice ese anhelo, no sin antes destacar que la mala imagen que vive la institución es responsabilidad de un pequeño grupo de unidades, en detrimento de una mayoría comprometida con su trabajo.
El funcionario apuntó que actualmente existe una actitud muy positiva de quienes dirigen la PTJ, sin embargo, "hay muchos años de deterioro que requieren un trabajo profundo y muy delicado".
Para el abogado, la solicitud no es un mero capricho, sino que es parte de la tendencia mundial que plantea que la policía judicial debe estar supeditada al Ministerio Público, con un perfil más técnico, judicial y bajo.
Lamentó que los policías judiciales mantengan una estructura que los limita en su desarrollo y los supedita a la concreción de actos que van en contra de sus principios éticos, "porque hubo situaciones que se presentaron anteriormente donde se utilizó a la institución para cosas que no eran correctas".
El secretario de la Procuraduría dejó claro que la solicitud hecha para que esta entidad asuma la absoluta jefatura de la PTJ no tiene que ver con poder. "Muchas veces cuando hemos planteado esto las personas de la clase política dicen que lo que sucede es que el procurador Sossa quiere más poder sin darse cuenta que el procurador que venga, llámase como se llame y nómbrelo quien lo nombre, se dará cuenta que sin un brazo investigativo que esté supeditado al que dirige, el trabajo no se realizará.
Pese a lo anterior y a su juicio, el llamamiento para una modificación de la Ley de la PTJ debe surgir de un consenso y del convencimiento de la ciudadanía de que el país se merece una institución independiente de la clase política y capaz de realizar con éxito y profesionalismo su labor.
"Nosotros sabemos, conocimos el proceso de integración, que fue un proceso exitoso hasta que llegó esta reforma. Sabemos cómo podemos hacer para que esto funcione bien porque tenemos el conocimiento", acotó el funcionario de la Procuraduría.
Mientras tanto, adelantó que los procesos de investigación contra unidades de la entidad continuarán, hasta procurar la depuración de esa dependencia.
"En estos momentos tenemos una persona (Rodolfo Aguilera) que es colaboradora, que actúa con seriedad y profesionalismo, pero si él o cualquiera otra persona en el cargo quisiera declararse en rebeldía, puede hacerlo sin que le suceda nada", manifestó Castillo.
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