Exguerrillera sandinista denuncia allanamiento de su domicilio en Nicaragua

La exguerrillera y exministra sandinista Dora María Téllez denunció este lunes el allanamiento de su domicilio sin orden judicial en un municipio vecino de Managua y responsabilizó a la Policía Nacional "de cualquier daño" a unas personas que trabajaban en su vivienda.

"En mi casa en Ticuantepe, que está siendo allanada en este momento, hay personas que están trabajando ahí", escribió Téllez, quien no se encontraba en la vivienda, en un tuit. "Hago responsable a la Policía Orteguista de cualquier daño que puedan hacerles a ellos", agregó la exguerrillera que estuvo el 22 de agosto de 1978 en el comando sandinista que tomó por asalto el Palacio Nacional e hizo rehenes a los legisladores afines al expresidente y dictador Anastasio Somoza Debayle, derrocado hace 39 años.

Téllez explicó en un audio distribuido en las redes sociales que los oficiales llegaron a su vivienda a bordo de cuatro patrullas y en medio de "un gran despliegue" de policías antimotines. "Este es un allanamiento ilegal, que fue precedido por el sobrevuelo de tres drones que llegaron momentos antes de que comenzaran a golpear violentamente los dos portones de entrada" a la vivienda, denunció.

Sostuvo que los oficiales "no tenían ninguna orden de allanamiento, no tenían ninguna orden judicial" y argumentaron que buscaban una escopeta, lo que calificó de "absurdo" y "ridículo". Téllez aseguró que desde hace tres meses sobrevuelan drones por su casa de habitación "para realizar espionaje político", lo cual es prohibido por la Constitución. La Policía Nacional, de momento, no se ha referido al caso.  El militar retirado Roberto Samcam se solidarizó con Téllez y advirtió que la Policía puede fabricar "pruebas".

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"Hay que esperar la siembra de pruebas y el descubrimiento de fusiles, lanza granadas, ametralladoras y uno que otro tanque, posiblemente un T-34", señaló el militar retirado en sus redes sociales.
Desde el pasado 18 de abril Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado entre 325 y 545 muertos, de 340 a 674 detenidos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según organismos humanitarios.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, reconoce 199 muertos y 340 reos, que llama "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes". La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.

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Mientras el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tutelados por la CIDH, asegura que existen pruebas para argumentar que el Gobierno de Ortega ha incurrido en delitos de lesa humanidad en el marco de la crisis.

Ortega, próximo a cumplir doce años en el poder de manera continua, no acepta responsabilidad en la crisis ni tampoco los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de intento de "golpe de Estado" que, asegura, ya ha sido aplacado.