Expresidenta es condenada a 24 años por la trama de la "Rasputina"

Después de causar su destitución en enero de 2017, la trama de corrupción conocida como la de la "Rasputina" ha llevado a un tribunal de Seúl a condenar a la expresidenta surcoreana, Park Geun-hye, a 24 años de prisión y a pagar una multa de más de 13 millones de euros (más de 16 millones de dólares). La sentencia, cuya lectura fue televisada en directo y mantuvo al país en vilo durante casi dos horas, considera probado que la expresidenta conservadora, de 66 años, y su amiga Choi Soon-sil, la llamada "Rasputina", crearon una vasta red de favores a través de la cual extorsionaron a grandes empresas como Samsung, Hyundai o Lotte. El juez Kim Se-yoon leyó de manera detallada los 16 cargos, de los 18 de los que se le acusaba, por los que ha sido declarada culpable y entre los que figuran el abuso de poder, el soborno, la coacción o la filtración de secretos oficiales. Park, que llegó al poder en febrero de 2013, volvió a dejar plantado, por supuestos problemas de salud, al Tribunal de Distrito de Seúl que la ha juzgado. La exmandataria, hija del fallecido dictador Park Chung-hee, no se ha presentado ante los jueces desde el pasado octubre y siempre ha calificado como parcial y motivado políticamente su proceso, además de haber denunciado el que se le haya mantenido en prisión de manera preventiva. Vea También Presidenta surcoreana promete renunciar, acosada por caso de la 'Rasputina'Vea También Fiscales surcoreanos quieren interrogar a la presidenta Park Geun-hyeVEa También Miles piden dimisión de presidenta surcoreana en las calles Los que sí se acercaron a los alrededores de la corte fueron una multitud de sus simpatizantes, que agitaban banderas surcoreanas y mostraban pancartas en las que denunciaban el caso como una persecución política, mientras eran escoltados por un dispositivo de seguridad de más de 3.300 policías. La política conservadora lleva detenida de manera preventiva desde marzo de 2017 y ha sido el primer jefe de Estado surcoreano destituido en democracia, lo que motivó un adelanto electoral que deparó en mayo del año pasado la victoria del liberal Moon-Jae-in. Su detención la convirtió además en el tercer ex jefe de Estado surcoreano en pasar por la cárcel, tras los militares y políticos Chun Doo-hwan y Roh Tae-woo. Los argumentos recogidos en la sentencia fueron claros y contundentes, aunque los jueces rebajaron la petición de la fiscalía de 30 años de prisión y una multa de 90 millones de euros (unos 95 millones de dólares).   La sentencia llega después de que la "Rasputina" surcoreana fuera condenada el pasado febrero a 20 años de cárcel y a pagar una multa multimillonaria por ser el cerebro de la trama de corrupción que escandalizó al país asiático. Choi, amiga íntima de Park, era la principal responsable de la amplia red de tráfico de influencias urdida junto a la expresidenta. Esta trama también salpicó al heredero y máximo responsable de Samsung, Lee Jae-yong, condenado el pasado agosto a cinco años de prisión por sobornar a Park con el objetivo de obtener favores del Gobierno en su consolidación como líder del grupo, así como por malversar fondos, ocultar activos en el extranjero y perjurio. Tras medio año, Lee fue excarcelado a principios de febrero después de que la justicia redujera su condena al considerar que no quedó probado que la empresa obtuviera ventajas por los pagos. El mediático caso de la "Rasputina", que ha zarandeado los cimientos del poder de la cuarta economía de Asia, salió a la luz a finales de 2016 y generó protestas multitudinarias que inundaron de manera regular el centro de Seúl durante meses para pedir la destitución de Park. Debido a la enorme presión, el Parlamento surcoreano aprobó el 9 de diciembre de 2016 su destitución, que fue ratificada el 10 de marzo por el Tribunal Constitucional. El de hoy ha sido el primer veredicto de una causa penal que se emite por televisión en Corea del Sur, después de que el Tribunal Supremo aprobara el año pasado una enmienda para permitir esta cobertura informativa si la propia corte consideraba que se trata de un caso de interés público.