El fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, aclaró hoy que pidió a Uruguay aplazar la extradición de Joanne Ivette León, esposa del empresario David Murcia Guzmán, acusado de una presunta estafa a miles de ahorradores a través de la firma DMG, para evitar que la causa contra ella pueda quedar impune.
Iguarán explicó en un encuentro con la prensa que Uruguay concedió la entrega de la mujer bajo el cargo de narcotráfico, delito que no se le ha imputado en Colombia y que tan sólo supone "una conjetura" en la investigación que se le sigue en este país.
La esposa del fundador del consorcio DMG, siglas que corresponden al nombre de David Murcia Guzmán, es acusada en Colombia de captación ilegal de dinero, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, delitos por los que la Fiscalía reclamó la extradición.
Un juez de Montevideo autorizó el 16 de febrero pasado la entrega de León a Colombia, que la había solicitado tras su detención en la capital uruguaya un mes antes y, en principio, iba a ser trasladada hoy a Bogotá.
El arresto de la mujer, de 25 años y con dos hijos, se produjo ocho semanas después de que su esposo corriera la misma suerte en Panamá, desde donde fue deportado a Colombia.
En Montevideo aducen que las imputaciones contra León "son delitos no previstos en la legislación, no son conductas típicas en Uruguay", precisó Iguarán, al agregar que por ello ha desplegado una ofensiva judicial y diplomática frente al caso de esta mujer.
"Buscamos que se nos permita, con una nota aclaratoria, poder hacer la judicialización que muestran los hechos y el derecho", expresó el fiscal, para quien en Colombia se tiene "toda la contundencia de la prueba" contra DMG, emporio que comercializaba productos y servicios mediante tarjetas de prepago.
La empresa fue intervenida cuando estalló el escándalo de las denominadas "pirámides", firmas que captaban fraudulentamente dinero de ahorradores bajo promesa de intereses exorbitantes.
Murcia Guzmán creó DMG hace cuatro años en el Putumayo, departamento fronterizo con Ecuador, desde donde extendió sus operaciones a toda Colombia y a varios países vecinos.
"Estamos confiados en que se haga la aclaración, que se entienda que el lavado de activos es un delito universal", ante el cual todos los Estados deben ser rigurosos, subrayó el fiscal colombiano.
