La Fiscalía boliviana admitió una demanda de una decena de parlamentarios opositores al presidente Evo Morales, a quien acusan de "genocidio" por la violenta intervención policial a la marcha de indígenas que rechazan la construcción de una carretera, informó una fuente del Legislativo.
La denuncia fue admitida por la Fiscalía General, con sede en la ciudad sureña de Sucre, capital constitucional del país, confirmó el diputado opositor Tomás Monasterio, de la derechista Plan Progreso Bolivia-Convergencia Nacional.
Monasterio justificó la demanda por el delito de "genocidio" porque el código penal boliviano admite esa figura no solo cuando hay muertes, sino también cuando se ocasionan "lesiones de inhumana subsistencia" y cuando hay "desplazamientos" violentos de personas, lo que, según dijo, ocurrió el domingo.
"Mujeres han sido maltratadas y amordazadas, niños y hombres han sido golpeados, hubo un uso desmedido de violencia. Pese a que fue una intervención policial, el presidente no actuó conforme a las leyes para evitar que haya este tipo de hechos", dijo el diputado.
Agregó que "por más que la orden no haya sido dada por el presidente Morales", como afirman las autoridades, su obligación era "precautelar los derechos de los indígenas y no lo hizo".
La Fiscalía tendrá 30 días para investigar la denuncia y, si encuentra suficientes pruebas, Morales podría ser sometido a un juicio de responsabilidades.
Unos 500 agentes atacaron el domingo con gases y porras el campamento de los indígenas cerca de Yucumo, a más de 300 kilómetros de La Paz, amordazaron a dirigentes de las etnias amazónicas y a mujeres y trasladaron por la fuerza a decenas de ellos a pueblos vecinos.
Un reporte preliminar difundido por la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos detalló que el ataque policial dejó más de cien heridos y unos 200 detenidos, "que recobraron su libertad 17 horas después, y además provocó que varios niños y niñas fueran separados de sus progenitores".
Los indígenas han aclarado que la represión no dejó víctimas mortales, como habían denunciado algunos de sus dirigentes.
