Las acusaciones son por traición a la patria, abuso de autoridad, usurpación de funciones y delitos contra la forma de Gobierno, detalló el portavoz del Ministerio Público, Melvin Duarte.
Los cuatro delitos “están relacionados con las acciones de la consulta" que Zelaya iba a celebrar el pasado domingo con la intención de instalar una Asamblea Constituyente, aunque había sido declarada ilegal por el Parlamento, el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público y el Poder Judicial, entre otros órganos.
El portavoz puntualizó que el Ministerio Público sólo ha imputado cuatro delitos a Zelaya, y no 18 como señalan otras versiones, surgidas de un informe de una comisión legislativa que investigó las actuaciones del depuesto gobernante en relación con la consulta.
Según Duarte, el Ministerio Público envió el martes a Interpol la orden de captura contra el depuesto gobernante, quien fue elegido en 2005 para un mandato de cuatro años, hasta el 27 de enero de 2010.
Las Fuerzas Armadas sostienen que actuaron por órdenes de la justicia ordinaria, porque la consulta era ilegal.
El nuevo Gobierno hondureño ha advertido a Zelaya que si regresa a Honduras, será detenido en virtud de la orden de captura contra él, que también está en manos de la Policía local.
