La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), un organismo oficial mexicano, criticó a la fiscalía nacional por no atender las recomendaciones que le hizo en julio sobre la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, en el sur de México, hace más de un año.
Según un documento divulgado ayer, la comisión consideró que la respuesta de la Procuraduría General de la República a sus peticiones fue "insuficiente e imprecisa" y que "en muchos casos" la fiscalía "trató de justificar su observancia con la mención de diligencias no vinculadas al planteamiento específico".
También denunció que no haya ofrecido soporte documental para demostrar algunos de sus posicionamientos.
La entidad defensora de los derechos humanos presentó en julio un informe en el que denunció fallos y omisiones de la investigación y en el que cuestionó por primera vez la versión oficial sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, "el más grave conjunto de violaciones a los derechos humanos en la memoria reciente del país", dijo entonces.
De las 26 observaciones hechas en ese momento a la fiscalía mexicana, también había algunas para autoridades locales y estatales, dos "fueron atendidas parcialmente; una fue atendida parcialmente con avance mínimo; tres se encuentran en vías de atención y 20 no fueron atendidas", denunció el organismo.
Asimismo, consideró que dar respuesta a esas recomendaciones contribuiría a saber qué pasó en Iguala la noche de los ataques a los estudiantes, un requisito "indispensable para materializar el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño, aspectos que, a su vez, son necesarios en la aspiración a la no repetición de los actos".
Víctimas
Seis personas murieron y 43 estudiantes de magisterio desaparecieron el 26 de septiembre de 2014.
Según la versión oficial, policías municipales de la ciudad de Iguala y del vecino municipio de Cocula secuestraron a los jóvenes por orden del alcalde de Iguala, los entregaron a miembros de un grupo de la delincuencia organizada Guerreros Unidos, y sicarios de esta organización los llevaron a un basurero de Cocula, donde los quemaron y arrojaron sus restos al cercano río San Juan.
Solo se localizó un puñado de huesos calcinados en mal estado y únicamente se pudo identificar plenamente por ADN un fragmento óseo, que sí correspondía a uno de los estudiantes desaparecidos. Después hubo otra identificación, pero que no puede darse por certera al cien por ciento.
Entre otros puntos, el informe de julio de la Comisión pedía establecer con claridad si los restos encontrados en el río San Juan y que el Gobierno dijo que eran de los estudiantes "son o no de origen humano", cuestionó la recreación de los hechos realizada por la fiscalía e instó a interrogar a 16 personas clave para la investigación que no habían rendido declaración hasta ese momento.
Esa fue la primera vez que una entidad oficial exhibía las carencias de la investigación.
CIDH dice que ha hecho avanzar investigación de desaparecidos
Los expertos encomendados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para estudiar el caso Ayotzinapa aseguraron que no solo han hecho un informe valorativo, sino que desde el primer día han hecho avanzar la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes.
"Queremos señalar que nosotros desde el primer día que llegamos a este país hemos hecho avanzar la investigación. No hemos hecho un informe solamente valorativo hacia atrás, sino que el desarrollo de nuestro trabajo ha sido desde el primer día hacer propuestas para que la investigación avance", apuntó el español Carlos Beristain.
El miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH respondió así a las declaraciones del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, quien dijo recientemente que si los expertos sostienen que los cuerpos de los jóvenes no fueron incinerados en el basurero de Cocula, entonces "que nos digan dónde y cómo" ocurrieron los hechos.
