México se prepara para acusar formalmente a un ex presidente de ordenar una matanza hace 33 años, un paso sin precedentes que colocaría nuevamente al mandatario Vicente Fox en el sendero de un enfrentamiento con el PRI, el hegemónico partido que sacó del poder en el 2000.
A más tardar mañana, un fiscal especial designado por Fox presentaría cargos por el ataque en 1971 de una banda paramilitar contra manifestantes estudiantiles en la Ciudad de México, que dejó por lo menos 25 personas muertas.
El fiscal dice que la masacre resume la sistemática represión estatal bajo el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y grupos de derechos opinan que los cargos pondrían fin a una larga impunidad oficial.
Se espera que el presidente en esa época, Luis Echeverría, sea acusado formalmente. Sería el primer ex mandatario en la historia moderna de México en enfrentar cargos penales.
Fox, quien puso fin a 71 años de gobiernos del PRI, cumpliría finalmente sus promesas de campaña de castigar crímenes del pasado y algunos expertos creen que podría asegurar su legado con la acusación.
Pero incluso antes de ser presentada, la acusación ya está enredada en la política partidista que ha caracterizado la vida pública en los meses recientes, de cara a las elecciones presidenciales del 2006.
Los abogados de Echeverría han declarado a su cliente inocente y buscan lagunas en el caso del fiscal, mientras que líderes del PRI defienden fervientemente al ex presidente y al nombre del partido.
Líderes del PRI acusan a Fox de provocar discordia mientras México enfrenta problemas apremiantes y, le advierten que podrían detener discusiones sobre sus iniciativas de reformas fiscal, laboral y energética, consideradas cruciales para la economía mexicana y que han sido bloqueadas por el PRI.
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