El gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vilá, se declaró ante el Tribunal Federal de EE.UU. en San Juan no culpable de los 19 cargos de corrupción que se le imputan por supuestos fraudes a la ley electoral.
Acevedo Vilá acudió ayer a responder por las acusaciones que se anunciaron el jueves contra él y otras 12 personas por presunta financiación ilegal de algunas de sus campañas.
El gobernador fue fichado en el tribunal, escuchó las acusaciones y salió en libertad sin que se le impusiera fianza y sin que le retuvieran el pasaporte, pero con la obligación de presentarse ante las autoridades federales una vez al mes.
Antes de salir y cuando ya había abordado su vehículo, el gobernador tuvo que regresar al Tribunal para firmar un documento.
En los alrededores del edificio del Tribunal, algunos cientos de correligionarios del Partido Popular Democrático (PPD), que preside Acevedo Vilá, ondeaban banderas puertorriqueñas, emblemas del colectivo y soltaron palomas al aire en solidaridad con su líder.
El gobernador bajó del vehículo y se mezcló con sus seguidores para agradecerles el apoyo y reiterar su inocencia.
Otros seis de los acusados salieron en libertad tras prestar fianzas de $100,000 y $50,000.
Acevedo Vilá, de 46 años, fue el puertorriqueño más joven en ocupar el cargo de gobernador en 2005 y hoy se convirtió en el primer mandatario del país caribeño que acude a un Tribunal Federal a responder por acusaciones criminales.
Mientras que el PPD decidió crear un fondo especial para costear los gastos de la defensa, la oposición insiste en que el gobernador debería renunciar, lo que Acevedo Vilá insiste que no va a hacer.
La Cámara de Representantes y el Senado puertorriqueños, donde tiene mayorías el anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), evalúa la posibilidad de comenzar el proceso para "residenciar" (retirar del cargo) al gobernador.
Este proceso, reconocido por la Constitución del Estado Libre Asociado (ELA), nunca se ha realizado en Puerto Rico.
Le corresponde a la Cámara de Representantes iniciarlo y el Senado llevaría a cabo lo que se conoce como "juicio político" y que en Estados Unidos se llevó a cabo contra el presidente Bill Clinton por el escándalo relacionado con Monica Lewinski y por el que al final fue absuelto.
