Un grupo de gobernadores bolivianos de la oposición solicitó hoy al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, que envíe una misión a Bolivia para verificar in situ los "atropellos" del Gobierno a la democracia del país.
Así lo anunciaron los prefectos de las regiones de Santa Cruz, Beni, Cochabamba y Tarija que se encuentran en EE.UU. para denunciar ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas la actuación del presidente boliviano, Evo Morales, contra la democracia y el Congreso.
En declaraciones a la prensa tras reunirse con el titular de la OEA, los gobernadores Rubén Costas (Santa Cruz), Ernesto Suárez (Beni), Manfred Reyes (Cochabamba) y Mario Cossío (Tarija) entregaron a Insulza documentos con pruebas de los "atropellos a la democracia" que, a su juicio, están sucediendo en Bolivia.
"Venimos aquí para decir a la OEA que nuestra democracia está a punto morir y para pedirle que tome acción como organismo internacional que cobija a nuestro país", señaló Cossío.
"Esperamos que la OEA pueda establecer una misión que vaya a Bolivia y verifique lo que estamos denunciando aquí y que después tome las iniciativas correspondientes a sus normas", precisó.
"Está claro que no representamos al Estado y es él (Morales) quien tiene que aprobarlo. Pero lo menos que puede hacer (...) es estar de acuerdo para que el mundo entero sepa si es cierto lo que estamos diciendo aquí o lo que sostiene el Gobierno", enfatizó Reyes.
Si el Gobierno boliviano cree "que yo o una delegación de alto nivel puede ayudar, estamos dispuestos a hacerlo", dijo, por su parte, el titular de la OEA.
"Si opina lo contrario, que la OEA no debe ser parte del proceso de reconciliación y de la búsqueda de acuerdos, naturalmente no tendría ningún sentido", comentó Insulza, quien reconoció que "hay una crisis" en Bolivia. "Es visible", resaltó.
Los cuatro gobernadores afirman que la "democracia en Bolivia se acabó" porque el Gobierno "ha destruido" el poder judicial, aprobado la reforma de la Constitución en un cuartel entre "armas y botas", y "violado" el Congreso, al "cercarlo para evitar que entrara la oposición".
Además, denuncian que quiere cambiar la sede de la Asamblea Constituyente, que se encuentra en Sucre, y quitar recursos a las regiones, así como el intervencionismo del presidente venezolano, Hugo Chávez, con los denominados "cheques venezolanos" y otras actuaciones.
Los prefectos están, asimismo, preocupados por lo que "pueda ocurrir de aquí al 14 de diciembre", plazo que tiene la Constituyente para aprobar en detalle el nuevo texto constitucional y someterlo después a referendo.
Morales ha sido muy cuestionado porque su partido aprobó, en primera instancia, su proyecto de Carta Magna en un liceo militar, sin la oposición y en medio de disturbios que causaron tres muertos.
"Estamos haciendo el mayor esfuerzo para evitar un mayor derramamiento de sangre en Bolivia", explicó Reyes.
Según Cossío, los gobernadores están dispuestos a dialogar con el Gobierno, pero para ello necesitarían "garantías" de países amigos o organismos.
"Es el momento de que podamos salvar una mayor confrontación. Estamos a tiempo. Creemos que podemos llegar a un gran pacto para re-encauzar este proceso, con la ayuda de veedores y garantías", concluyó.
