La Fuerza Armada Venezolana (FAN) asumirá la seguridad y el orden público el país durante el referendo sobre la reforma constitucional que se celebrará el próximo 2 de diciembre, indicó hoy el ministro del Interior, Pedro Carreño.
El ministro dijo a la prensa que esa medida está contemplada en uno de los tres decretos que hoy emitió el Gobierno de Venezuela relacionados con la seguridad que deberá reinar el día de la consulta popular.
Carreño indicó que el 2 de diciembre las policías municipales y regionales permanecerán acuarteladas desde las 06.00 horas locales (10.00 GMT) hasta que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dé por terminada la jornada consultiva.
Añadió que durante ese acuartelamiento será la FAN, es decir, los militares, quienes asuman las tareas de seguridad propias de los cuerpos policiales.
Otro de los decretos establece que se prohibirá la venta de bebidas alcohólicas y el porte de armas desde las 24.00 horas del viernes 30 de noviembre (04.00 GMT del 1 de diciembre) hasta las 18.00 horas del lunes 3 de diciembre (22.00 GMT).
Finalmente, el tercer decreto establece que las manifestaciones públicas de corte político, a favor o en contra de la reforma constitucional que impulsa el presidente Hugo Chávez, podrán realizarse hasta la medianoche del 30 de noviembre.
Más de 16 millones de venezolanos han sido convocados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a las urnas el próximo 2 de diciembre, para que se pronuncien sobre el proyecto de reforma de 69 de los 350 artículos de la Constitución Bolivariana de 1999.
La oposición política, las cúpulas empresarial y comercial, y el Episcopado rechazan el proyecto de reforma, al considerar que es "antidemocrático", otorga poderes "imperiales" al mandatario venezolano y lo "eterniza" en el poder.
Chávez promueve los cambios a la Carta Magna con el argumento de que es "indispensable" para "acelerar" el proceso "revolucionario" e instaurar el socialismo, que, según él, es el "único camino a la paz y la justicia".
Entre los artículos más polémicos están la reelección indefinida presidencial, la inclusión de varios tipos de propiedad, como la comunal, además de la privada, y la posibilidad de que el Estado restrinja la información y el debido proceso durante los estados de excepción.
