La Corte Constitucional de Colombia dictaminó que el Gobierno no puede congelar los salarios de los empleados estatales, como planeaba hacerlo para reducir los gastos, ya que ello equivale a rebajar los sueldos, se informó ayer.
El fallo fue emitido por el tribunal constitucional el jueves en la noche, poco después de que las autoridades anunciaran que iban a decretar el reajuste correspondiente a este año, que no se había efectuado.
La decisión gubernamental se adoptó luego de que fracasara el pasado sábado un referendo contra la corrupción y el desborde de los gastos estatales, y que proponía congelar parte de los salarios estatales durante dos años.
El gobierno anunció el jueves un aumento de salarios a los funcionarios estatales de entre un 0.1% para los más altos y un 7.66% para los más bajos, con retroactividad al 1 de enero de 2003.
Las autoridades reajustaban así los sueldos correspondiente a 2003 de parte de los casi 800,000 trabajadores oficiales que no habían sido actualizados este año.
Sin embargo, la Corte Constitucional admitió una demanda instaurada contra la ley de 2002 que adoptó el presupuesto de 2003 y que congelaba los salarios oficiales.
La presidenta de la Corte Constitucional, Clara Inés Vargas, señaló que el dictamen "busca garantizar el poder adquisitivo de los servidores públicos", ya que no reajustarlos cada año equivale a reducirlos.
La magistrada subrayó que el Gobierno no puede decidir reajustes anuales inferiores a la mitad de la inflación del año inmediatamente anterior.
Explicó que el Ejecutivo puede autorizar reajustes inferiores para los funcionarios de altos ingresos y mayores para los trabajadores de sueldos más bajos, siempre y cuando las alzas sean al menos de la mitad del índice de precios registrado en el año inmediatamente anterior.
La jurista agregó que "la Corte ha decidido que este pago debe ser retroactivo al primero de enero de 2003".
Por otra parte, el proceso para la liberación de 7 turistas extranjeros secuestrados en Colombia por la segunda fuerza rebelde del país quedó paralizado indefinidamente a causa de las posiciones encontradas del gobierno y de la guerrilla, informó ayer un sacerdote católico.
El padre Darío Echeverry, miembro de una comisión autorizada por el presidente para mediar en el caso, afirmó que mientras el Ejército de Liberación Nacional (ELN) propone liberar gradualmente a los rehenes, el gobierno insiste en que se haga una sola entrega.
"Esa era la exigencia del gobierno y ésa era la disposición con la que llegaban las Naciones Unidas", afirmó Echeverry en declaraciones a Radio Caracol.
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