El Gobierno argentino alertó de que "hace falta celeridad en la Justicia", luego de que un tribunal anulara la liberación de 17 represores de la dictadura militar tras la reacción indignada de organismos humanitarios y del propio Ejecutivo.
La presidenta Cristina Fernández consideró el fallo como una "vergüenza", además de sostener que es "difícil de entender".
Por su parte, el Fiscal Raúl Plee, que fue quien solicitó dejar sin efecto la polémica excarcelación, reconoció que "no hay ningún tipo de disposición" para que los acusados de delitos de lesa humanidad no gocen de ese beneficio.
El máximo tribunal penal del país dio marcha atrás a raíz de un planteo del Fiscal Plee, quien pidió la suspensión de la resolución y tiene previsto presentar un recurso contra la liberación de los represores.
Además, el Gobierno anunció su intención de apelar ante la Corte Suprema de Justicia la orden de excarcelación e impulsar un juicio político de los magistrados que dictaron el fallo.
La excarcelación de Alfredo Astiz y otros 16 represores que actuaron en la ESMA fue dispuesta luego de que vencieran los plazos legales para mantener en prisión preventiva a una persona sin sentencia firme.
