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El Gobierno mexicano ha comenzado a dar señales de impaciencia con las manifestaciones violentas que se han multiplicado a raíz de la desaparición de 43 estudiantes y las ha desvinculado de las genuinas expresiones de dolor por la tragedia.
“Queremos convocar al orden, a la paz; a los grupos (que han incurrido en actos violentos), convocarles al orden y no hacer de este momento de pena y dolor por el que pasan padres de familia una bandera de otras causas, una bandera que concite a la violencia y al desorden”, dijo el presidente Enrique Peña Nieto.
Recién llegado de su gira por China y Australia, el mandatario se refirió a las acciones de grupos que, al amparo de las manifestaciones por la desaparición de los estudiantes, han atacado instituciones oficiales y oficinas partidistas y afectado actividades comerciales.
Sostuvo que “a quienes hay que condenar es a los criminales, a quienes hay que señalar y condenar es precisamente a los responsables de estos actos abominables”.
“Si lo que demandamos es justicia y que los responsables de estos hechos paguen y que sea aplicada la ley en todos sus términos, no puede ser a través de actos de violencia y vandalismo, y más cuando afectan a terceros”, abundó.
Peña Nieto enfatizó que no se refería a aquellos que se han manifestado en paz “y han expresado un verdadero sentimiento de dolor”, a quienes expresó su solidaridad.
Por otro lado, prometió “agotar toda instancia de diálogo, acercamiento y apertura para evitar el uso de la fuerza para restablecer el orden”.
La fuerza, dijo, “es el último recurso, pero el Estado está legítimamente facultado para hacer uso del mismo cuando se ha agotado cualquier otro mecanismo”.
Al igual que Peña Nieto, el secretario de Gobernación (Interior), Miguel Ángel Osorio, insistió en distinguir entre los padres de los desaparecidos y otras personas legítimamente indignadas, y quienes han provocado desmanes “supuestamente para exigir justicia”.
Inician proceso contra el exalcalde de Iguala
Un juzgado federal inició un proceso penal contra José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, la localidad del estado de Guerrero donde en septiembre desaparecieron 43 estudiantes de magisterio.
El Consejo Federal de la Judicatura informó en un comunicado que los delitos de los que se acusa a Abarca son delincuencia organizada, el secuestro de siete personas y el homicidio de otra más.
La Procuraduría General de la República considera a Abarca el autor intelectual de las seis muertes y las 43 desapariciones que tuvieron lugar en Iguala el 26 de septiembre, pero el proceso que se inicia ahora es por crímenes anteriores. Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, fueron detenidos el 4 de noviembre en un populoso barrio.
