El Gobierno español pidió claridad al presidente de la región de Cataluña, Carles Puigdemont, y aseguró que no aceptará respuestas ambiguas sobre si declaró o no la independencia de esa región española que, de seguir en la situación de inestabilidad actual, podría entrar en recesión económica.
El lunes (16 de octubre) termina el plazo para que Puigdemont responda al requerimiento que el Gobierno le envió el miércoles pasado para que aclare lo que dijo en su confuso discurso ante el Parlamento catalán.
Si el líder catalán no da una respuesta negativa a la declaración de independencia, se activará la segunda fase del artículo 155 de la Constitución, que otorga al Ejecutivo español la facultad de asumir directamente funciones desempeñadas por las comunidades autónomas.
Así lo explicó ayer viernes en rueda de prensa la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien reiteró que las autoridades catalanas "aún están a tiempo de recuperar la normalidad institucional" y poner fin a la "inestabilidad".
La vicepresidenta instó a Puigdemont a volver al orden constitucional y a que exponga sus propuestas en el Congreso de los Diputados, donde están los "mediadores", aquellos que representan a "todo el pueblo español".
"Esos son los mediadores, los 350 diputados y otros tantos senadores" que representan al conjunto del pueblo español, expresó Sáenz de Santamaría en referencia a la mediación internacional para entablar un diálogo entre ambas administraciones a la que han apelado las autoridades catalanas en los últimos días.
Resaltó, además, que se le ha ofrecido diálogo "en el marco de la ley y en el seno del Parlamento" español, de modo que lo instó a plantear sus ideas en el Congreso, en concreto en la comisión de estudio del modelo territorial español.
También alertó del daño que el proceso secesionista está teniendo en la economía catalana, ya que la agencia de medición de riesgos Standard & Poor's apuntó este jueves que el conflicto podría llevar a esta comunidad autónoma española a la recesión.
Una solución que para los independentistas radicales (CUP) pasa por declarar la república, al considerar que el requerimiento del Ejecutivo de Mariano Rajoy supone "una amenaza" y no hay visos de que prospere una mediación internacional.
Este grupo antisistema, con nueve diputados, apoya a la coalición gubernamental JxS (formada por independentistas de centro y republicanos de izquierda) en el proceso hacia la independencia que comenzaron tras las elecciones regionales de 2015.
La CUP, que da por cerrada "la esperanza en la mediación internacional", asegura que "quedar inmóviles ante sus amenazas (del Gobierno español), sus negaciones y su autoridad no nos permitirá existir como pueblo".
