Cristina de Borbón, segunda hermana del rey Felipe VI, pagó a través de sus representantes legales, los 587,413.58 euros (unos 730,000 dólares) de responsabilidad civil que solicita para ella la fiscalía por su implicación en un caso de corrupción.
Esta cantidad fue solicitada por el fiscal anticorrupción Pedro Horrach en su escrito de acusación, como beneficiaria a título lucrativo, en el denominado caso Nóos, por el que un juzgado de Palma de Mallorca investiga el desvío de fondos públicos al Instituto Nóos, que presidió el esposo de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin.
Se trata de la mitad de los fondos que, según Horrach, ingresó de forma ilícita la empresa Aizoon, propiedad de Cristina de Borbón y su esposo, Iñaki Urdangarin, al 50%, y que destinaron a pagar gastos personales.
El fiscal considera que la infanta, a pesar de desconocer el origen ilícito de parte de los fondos de los que se nutría Aizoon, se benefició porque su esposo los destinó a abonar servicios y suministros de tipo personal o familiar.
El fiscal, en cambio, solicitó al juez de Palma de Mallorca que instruye el caso, José Castro, que no lleve a juicio a la infanta Cristina porque no hay indicios para acusarla.
El juez José Castro investiga el supuesto desvío de 6.1 millones de euros (unos 7.5 millones de dólares) de fondos públicos entre 2004 y 2007, de los que la infanta Cristina se habría beneficiado porque parte de ese dinero se habría ingresado en la empresa Aizoon.
Por su parte, la Abogacía del Estado reclama a la infanta una responsabilidad civil a título lucrativo de 168,571 euros, que se corresponde únicamente con la mitad de lo supuestamente defraudado por Urdangarin a Hacienda.
Según lo solicitado tanto por la Fiscalía como por la Abogacía del Estado, la infanta podría ser condenada a pagar esa responsabilidad civil en caso de que Urdangarin fuera condenado en el juicio del caso Nóos.
El despacho de Miquel Roca, que lleva la defensa de la infanta, solicitó al juez el sobreseimiento de las actuaciones contra su defendida, al haberlo pedido explícitamente la Fiscalía Anticorrupción.
Decidirán antes de Navidad si abren juicio contra Cristina
El juez instructor del caso Nóos, José Castro, prevé decidir antes de Navidad si abre juicio contra la infanta Cristina como cooperadora de dos delitos fiscales. Y es que el hecho de que la duquesa haya hecho frente al pago de los 587,413 euros que le reclamaba la Fiscalía Anticorrupción no le exime de ninguna responsabilidad penal, sino que con esta cantidad cubre de forma cautelar las consecuencias económicas de su supuesta actuación delictiva.
La acción penal es, por tanto, independiente de la civil, de tal modo que el pago del dinero no exonera a la hermana del rey Felipe VI de los dos delitos contra la Hacienda Pública por los que el sindicato Manos Limpias, acusación popular en la causa, solicita ocho años de cárcel para la imputada.
