La procuraduría colombiana abrió un proceso preliminar contra el canciller Fernando Araújo y la embajadora del país en Estados Unidos, Carolina Barco, por haber permitido que un hijo del primero se mantuviera como diplomático en Washington tras haber renunciado, informaron hoy portavoces del organismo en Bogotá.
Con la causa previa se busca establecer si ambos incurrieron en irregularidades con la permanencia del hijo de Araújo en dicha representación, "sin vínculo laboral para cumplir funciones", explicó la Procuraduría General en un comunicado público.
El órgano de control estatal recordó que entre las prohibiciones que recoge el Código Único Disciplinario para los funcionarios públicos está la de "tener a su servicio, en forma estable para las labores propias de su despacho, personas ajenas a la entidad".
Al parecer, ese es el caso de Luis Ernesto Araújo, hijo del ministro de Relaciones Exteriores y quien debió renunciar a su cargo diplomático en Washington, por razones legales internas, antes de que su padre asumiera como canciller, el pasado febrero.
Según el Ministerio Público, "los hechos investigados y las pruebas decretadas buscan precisar si el señor Luis Ernesto Araújo desarrolló labores en Washington en nombre de la Nación y a favor del Tratado de Libre Comercio (TLC)", firmado hace un año por Estados Unidos y Colombia, y pendiente de aprobación por el Congreso del primer país.
La permanencia del hijo del canciller en la delegación diplomática fue denunciada hace poco por medios periodísticos locales y a los que el acusado aseguró que seguía allí, sin devengar dinero, porque había seguido las negociaciones del TLC y era el único que tenía la "memoria histórica" de este proceso.
En el comunicado, la procuraduría informó de que su titular, Edgardo Maya, dejó en manos de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, de la misma dependencia, la recaudación de las pruebas del caso.
La "indagación preliminar" se derivó de una "acumulación de quejas" presentadas al Ministerio Público, varias de ellas por veedores ciudadanos.
