El enfrentamiento se produjo en el municipio de Jamundí (suroeste), entre tropas del batallón de alta montaña de la III Brigada y un grupo de policías, que comandaba el mayor Elkin Molina, quien murió, que realizaban una operación antinarcóticos encubierta en la aldea Potrerito.
Jamundí se encuentra a unos 40 kilómetros al sur de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, que está a unos 450 kilómetros al suroeste de Bogotá.
El fiscal general, Mario Iguarán, quien viajó a Cali, dijo que la Fiscalía asume preventivamente la investigación de "estos lamentables hechos" para esclarecer lo que sucedió y determinar si el caso compete a la Justicia Penal ordinaria o la Penal Militar.
Diez fiscales iniciaron de inmediato las primeras indagaciones en el escenario de las muertes y la Procuraduría (Ministerio Público) emprendió la investigación disciplinaria de 17 militares involucrados en el múltiple homicidio.
Este es el caso más grave de muertes por "fuego amigo" que se produce en Colombia, tras el de Guaitarilla, en el departamento de Nariño (extremo suroeste), en donde siete policías y cuatro civiles murieron también a manos del Ejército el 19 de marzo de 2004.
El ministro de Defensa de entonces, Jorge Alberto Uribe, aseveró que se sabría lo ocurrido en ese cruento hecho en pocos días, pero aún hoy el caso sigue sin aclararse.
El presidente del país, Alvaro Uribe, tras ser informado de lo sucedido en Jamundí, dijo que no quiere que se repita "un segundo Guaitarilla" en donde, según denuncias de legisladores, hubo graves manipulaciones de pruebas.
El comandante del Ejército, el general Mario Montoya, afirmó que los soldados que atacaron no estaban emboscados y llevaban 24 horas desplegados, pues tenían informes sobre la posibilidad de que la guerrilla de las FARC cometiera un secuestro en la zona.
Montoya y el director nacional de la Policía, el general Jorge Daniel Castro, en una conferencia de prensa en Cali, dijeron que se hará una investigación transparente.
Cerca de la zona donde se cometieron las muertes opera el frente 30 de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), así como el comando urbano "Manuel Cepeda Vargas", de esta organización ilegal, y el frente "Luis Carlos Cárdenas", del también izquierdista Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La unidad aniquilada había capturado delincuentes y decomisó cientos de kilos de cocaína en el Valle.
