El presidente de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Julio Enrique Socha, aseguró hoy que ante las amenazas que han recibido varios jueces colombianos se recurrirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para demandar medidas cautelares.
La denuncia ante la CIDH, que se debe a las amenazas de muerte contra miembros del poder judicial en Colombia, pedirá más protección por parte de las autoridades y recursos para mejorar la seguridad de los jueces y sus familias.
Socha señaló que como las medidas que ha tomado el Gobierno para dar seguridad a los jueces "han resultado insuficientes", algunos funcionarios "están recurriendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para demandar medidas precautelativas".
Los magistrados del alto tribunal se reunieron hoy en Bogotá con jueces amenazados que llevarán sus casos a la CIDH.
Entre los casos, Socha resaltó el de la juez especializada Stella Jara, quien lleva el caso de coronel Alfonso Plazas Vega, enjuiciado por la desaparición de once personas en la toma del Palacio de Justicia en 1985 por parte de la desaparecida guerrilla del M-19.
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibáñez, dijo que la situación es realmente dramática y preocupante y solicitó al Gobierno acelerar la asignación de presupuesto para incrementar las medidas de seguridad de todo el aparato de justicia de Colombia.
En los últimos días, la juez Jara recibió un sufragio y una carta en la que fue amenazada de muerte al igual que su familia, tras recibir críticas a sus actuaciones judiciales.
