"Hay un camino de largo aliento que tenemos que recorrer aún en América para el reconocimiento pleno de los derechos fundamentales", afirmó el jurista en su participación durante el Encuentro de Humanistas celebrado en la XXV edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).
En el acto el magistrado mexicano dijo que de los 34 estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) solo 24 están adheridos a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y de estos, únicamente 21 reconocen la competencia de la CorteIDH.
García Ramírez declaró que América Latina está constituida por una "sociedad de vulnerables y vulnerados" en la que es urgente asegurar la protección de grupos como los niños, los ancianos, las mujeres, los discapacitados, los indígenas y demás grupos étnicos, y los emigrantes.
El también expresidente de la CIDH (2004-2007) afirmó que México tiene casos paradigmáticos de cómo los países deben asumir como propios los preceptos de este sistema internacional.Mencionó el caso de la desaparición forzada del campesino Rosendo Radilla Pacheco, ocurrida en 1974, en el cual la Corte determinó en 2009 que el Estado mexicano era culpable de la detención-desaparición del activista, una acción perpetrada por militares en Atoyac de lvarez, en el sureño estado de Guerrero.El caso sentó un histórico precedente de que la justicia militar "no puede estar por encima de la justicia civil", lo que propició que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya tratado asuntos de derechos humanos y determinado que los abusos a derechos humanos cometidos por militares deben ser tratados por la justicia civil.
García Ramírez aceptó que si bien el Tribunal Interamericano no puede determinar qué acciones concretas deben tomarse para modificar las prácticas que violen los derechos fundamentales, sí puede hacer planteamientos para que los órganos del Estado asuman el compromiso "de hacer modificaciones" a los códigos militares existentes y al modo de ejercer la justicia. En el acto, celebrado en Gualajara, oeste de México, el encuentro el representante en México de Oficina del Alto Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, recordó que en los últimos años eran los ciudadanos quienes habían defendido en México las causas más importantes que afectaban a los derechos humanos.
Recordó casos como los de la activista de la ONG Justicia para nuestras Hijas, Norma Andrade, quien fue atacada y herida en la búsqueda de esclarecer el asesinato de su hija esta semana.
También se refirió al asesinato del activista Nepomuceno Moreno, ocurrida el pasado 29 de noviembre en Hermosillo, norte del país, quien exigía a las autoridades del estado de Sonora y al Gobierno mexicano el esclarecimiento de la desaparición de su hijo.
A pesar de la "rotunda violación del derecho a la justicia" en estos asuntos "no vemos una reacción de indignación" por parte de la sociedad en general, sostuvo Hernández Valencia.
"En el mundo de los derechos hemos logrado hitos importantes pero que se desbarrancan con la muerte de cada uno de los ciudadanos que los defienden y ese una dolores verdad en México", añadió.
Los crímenes de defensores de derechos humanos ocurridos en los últimos meses en México dentro de la ola de violencia han hecho que la sociedad civil exija la puesta en marcha de un mecanismo efectivo de protección, mismo que aún no existe.
