Hechos
- Acusación
- El juez Castro, que imputó el pasado 7 de noviembre a la hermana del rey de España por dos delitos fiscales, mantenía la hipótesis de que la sociedad Aizoon era una pantalla para eludir pagos a la Hacienda española.
- Hechos
- El “caso Nóos” se extendió a las regiones españolas de Valencia (este) e Islas y Baleares (Mediterráneo) y afecta a diversos cargos políticos que habrían beneficiado al Instituto Nóos.
- Implicados
- El fiscal pide 11 años de prisión para el expresidente del gobierno regional balear y exministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, por varios presuntos delitos de corrupción al beneficiar con unos 3.0 millones de dólares de fondos públicos al Instituto Nóos. Horrach también pide penas de 6 a 8 años de cárcel para cuatro ex altos cargos del gobierno valenciano.
El fiscal solicitó al juez que archive la causa respecto a la infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI de España, investigada en un caso de corrupción, por inexistencia de indicios racionales de criminalidad.
No obstante, el fiscal Pedro Horrach solicita al juez José Castro, que investiga el denominado “caso Nóos”, que la considere responsable civil a título lucrativo por haberse beneficiado de unos 725,000 dólares.
En la misma causa, por el desvío de fondos públicos al Instituto Nóos, que presidió el marido de la infanta, Iñaki Urdangarin, el fiscal pide para él una condena de 19 años y 6 meses de prisión y que pague 4.3 millones de dólares de multa por el desvío de fondos públicos mediante varios presuntos delitos de corrupción, fraude fiscal y blanqueo.
El caso Nóos investiga a una fundación sin ánimo de lucro con ese nombre presidida por Urdangarin, a la que supuestamente fueron desviados unos 7.5 millones de dólares de fondos públicos entre 2004 y 2007.
El fiscal pide que la infanta Cristina responda como responsable civil a título lucrativo, conjunta y solidariamente con Urdangarin, hasta la cuantía de 721,690 dólares.
Esa cantidad es la mitad de los fondos que, según el Ministerio Público, ingresó de forma ilícita la empresa Aizoon, propiedad de la infanta Cristina y su esposo al 50% y que destinaron a pagar gastos personales.
Horrach sostiene que Urdangarin creó Aizoon y que la utilizó como sociedad interpuesta para percibir rentas derivadas de su propia actividad personal y pagar menos impuestos.
El fiscal considera que Cristina de Borbón, a pesar de desconocer el origen ilícito de parte de los fondos de los que se nutría Aizoon, “se benefició” porque su esposo los destinó a abonar servicios y suministros de tipo personal o familiar.
En su escrito, Horrach considera que el juez Castro, de acuerdo con la ley española y su jurisprudencia, debe archivar la causa contra la infanta Cristina ante la “inexistencia de indicios racionales de criminalidad”, criterio que coincide con el de la Abogacía del Estado.
Considera además, que mantener su imputación como cooperadora en dos presuntos delitos fiscales de su marido, Iñaki Urdangarin, la sitúa en una posición de indefensión basada en “una sospecha”.
Después de conocer la petición del fiscal, el abogado de la infanta, Miquel Roca, dijo que su clienta pagará de forma “inmediata” la cantidad reclamada como responsable civil, confiada en que se archivará la causa contra ella, dado que no la acusan ni el Ministerio Público ni la Abogacía del Estado, explicó el letrado.
Sin embargo, el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, sí pidió al juez Castro que lleve a juicio a la infanta Cristina por dos delitos contra la Hacienda Pública por los que reclama para ella un total de 8 años de prisión.
Por su parte, el abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, afirmó que la petición fiscal contra su cliente es “muy alta”.
