Así está reflejado en un informe de la UIP, que el senador español Luis Fraga presentó ante la plenaria del Senado colombiano.
La UIP, organización creada en 1889 y que aglutina más de 140 parlamentos, con sede en Suiza, aconsejó "mejorar sustancialmente la normativa actual en lo referente a los fueros y garantías procesales" de los legislativos para poder trabajar "sin interferencias".
Y es que uno de los objetivos de la UIP es velar por los derechos y libertades de los parlamentarios de los sistemas democráticos, especialmente cuando las libertades de acción y de expresión están en riesgo.
El documento, elaborado a petición del Senado colombiano y al que tuvo acceso Efe, recuerda que la Constitución de 1991 acabó con la inmunidad de los parlamentarios, al crearse "procedimientos radicales en los que las garantías del debido proceso para los congresistas fueron relegadas a un segundo plano".
La UIP explica este hecho en que en la década de los 80 del siglo pasado, varios narcotraficantes, entre ellos el afamado Pablo Escobar, obtuvieron escaños en el Congreso con el único fin de obtener inmunidad parlamentaria y esquivar la justicia.
Y alerta de que el efecto secundario ha sido un "desequilibrio en la división de poderes".
Según el informe, muchos parlamentarios colombianos tienen miedo ahora de "las numerosas instancias de otros poderes del Estado que en cualquier momento pueden llegar a encarcelarlos o emprender contra ellos todo tipo de acciones disciplinarias".
Agrega que en esas circunstancias muchos congresistas prefieren "no hacer nada para sobrevivir como políticos".
Por eso la UIP recomienda que se restauren gradualmente las garantías con las que han de contar los miembros del Parlamento.
No obstante, reconoce que la inmunidad parlamentaria resulta "política y mediáticamente inadecuadas" en Colombia, después de casos de infiltración de narcotraficantes y paramilitares en el Congreso.
Este documento se elaboró tras la visita de una misión a Colombia conformada por el español Fraga, el diputado uruguayo José Carlos Mahía, el secretario general de la Cámara de Representantes de Uruguay, José Pedro Montero, y el encargado del programa de derechos humanos de la UIP, el neerlandés Rogier Huizenga, entre los días 8 y 12 de agosto pasados.
Fraga dijo hoy ante el Senado colombiano que en las al menos 15 ocasiones en que ha visitado Colombia siempre vio un país que ha ido mejorando con el tiempo, por ello felicitó a las fuerzas políticas por su "afán profundo de reformas".
En la 124 asamblea de la UIP, celebrada en Panamá en abril pasado, Colombia destacó por ser uno de los países con más casos de violaciones a los derechos humanos de los parlamentarios.
