En medio de uno de los peores escándalos que han afectado a Costa Rica, la presidenta Laura Chinchilla optó por guardar silencio pese a las interrogantes alrededor de sus viajes en un avión privado de una empresa fundada por un colombiano vinculado con el narcotráfico.
El miércoles al final del día el ministro de Comunicación, Francisco Chacón, anunció su renuncia argumentando que había sido “engañado” por uno de los ejecutivos de la firma THX Energy, que facilitó la aeronave de forma gratuita para dos viajes de Chinchilla a Sudamérica, el último de ellos el pasado fin de semana a Perú.
Según Chacón, el sujeto que se presentó como Gabriel OFalan en una reunión, era en realidad Gabriel Morales Fallón, una figura señalada por medios colombianos como el testaferro del reconocido narcotraficante Juan Carlos Ramírez, alias “Chupeta”.
Desde ese momento la polémica ha crecido como la espuma en el país centroamericano y la única reacción de la presidenta se dio la noche del miércoles en un escueto comunicado en el que afirmó que lo sucedido era “inadmisible” y que “en las próximas horas” tomaría medidas para evitar que estos hechos se repitieran.
No obstante, se emitió un nuevo comunicado en el que se indicó que “la Presidencia de la República se encuentra concentrada en analizar la situación que se origina a la luz de las denuncias formuladas por el señor Francisco Chacón, y en valorar las acciones correctivas”.
El único funcionario del gobierno que se refirió al asunto es el director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad y comisionado antidrogas de Costa Rica, Mauricio Boraschi, quien aseguró que las autoridades encargadas de la seguridad de Chinchilla nunca tuvieron conocimiento del avión en que viajó.
