El Congreso de Bolivia estudiará un proyecto de ley elevado por la Policía Antinarcóticos para permitir las escuchas telefónicas y la negociación de las penas con los pequeños traficantes.
El fiscal antidrogas Joanel Bravo, quien se atribuye la autoría intelectual del proyecto, confirmó que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico presentó "directamente al Parlamento" el documento.
La oposición afirma que las medidas propuestas tienen un dudoso encaje en la Constitución, ya que ésta "prohíbe" las escuchas, según parlamentarios conservadores.
Bravo dijo que los pinchazos telefónicos con autorización judicial están legitimados por la Convención de Viena de 1988, suscrita por Bolivia, y agregó que, en su opinión, "los tratados internacionales están por encima de las constituciones".
