Líderes de la Cámara de Representantes de EE.UU. criticaron hoy el hermetismo de las negociaciones sobre un plan de ayuda a México contra el narcotráfico y el crimen organizado, y advirtieron que eso podría atrasar su aprobación.
Durante la primera audiencia sobre la denominada Iniciativa Mérida, anunciada el lunes por la Casa Blanca, líderes del subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental se quejaron de que fueron excluidos de las negociaciones sobre el plan de seguridad.
Sin embargo, los cinco legisladores presentes en la audiencia coincidieron en la necesidad de fortalecer la lucha antinarcóticos y hacer valer los derechos humanos en México.
Eliot Engel, presidente del subcomité, dijo que la exclusión de los legisladores en un asunto tan delicado en la agenda bilateral "no es la actitud más apropiada".
Estados Unidos debe aprender de los desaciertos del Plan Colombia y evitar, por ejemplo, el desplazamiento del narcotráfico a otros países vulnerables, señaló.
Además, destacó que el Gobierno de EE.UU. debe detallar cómo planea reducir la demanda de drogas en este país y aumentar el combate al flujo de armas destinadas al sur del Río Bravo.
El legislador demócrata Bill Delahunt criticó la decisión de la Casa Blanca de solicitar una partida inicial de 500 millones de dólares -y otros 50 millones para Centroamérica- dentro del proyecto de gastos suplementarios para las operaciones militares en Irak y Afganistán.
"Me preocupa que se nos pida estudiar este plan dentro de una solicitud de gastos de emergencia (...), se trata de una propuesta significativa que merece mucha discusión y debate", apuntó Delahunt.
Advirtió que la práctica del Ejecutivo de no realizar las debidas consultas sobre temas prioritarios para Estados Unidos "podría retrasar la aprobación de esta propuesta en particular".
El legislador Dan Burton, el único republicano presente en la audiencia y el de mayor rango de su partido en el subcomité, reveló que la Casa Blanca lo llama "todos los días", pero que en este asunto no fue consultado.
Con la Iniciativa Mérida, el Gobierno de EE.UU. se ha comprometido con un total de 1.400 millones de dólares, en un plazo de tres años, para ayudar a México a mejorar la seguridad y el combate al tráfico de armas, drogas y personas.
El plan de ayuda incluye el envío de al menos ocho helicópteros militares, tecnología de punta, capacitación técnica, equipos de comunicaciones, unidades caninas y recursos para el fortalecimiento de las instituciones.
La iniciativa fue presentada en un momento en que el narcotráfico y la violencia que genera amenaza con desbordarse al lado estadounidense de la frontera común. México sirve de puente para el 90 por ciento de la cocaína de Sudamérica con destino a EE.UU.
El ex embajador de EE.UU. en México James Jones dijo a los periodistas que cualquier plan bilateral debe incluir mecanismos para fortalecer la democracia, la seguridad y los derechos humanos en ese país.
"México necesita equipos para mejorar su seguridad y Estados Unidos tiene que ser más agresivo en el combate al contrabando de armas y el lavado de dinero", aseveró.
Jones, embajador de 1993 a 1997, pidió que "esta vez por favor manden equipos que funcionen", tales como mejores artefactos de comunicación, helicópteros, lanchas rápidas y otros para la interdicción de drogas.
Durante el mandato del presidente Ernesto Zedillo (1994-2000), "desafortunadamente, nuestro gobierno les mandó helicópteros que en su mayoría no servían y se desarmaron para utilizarlos como repuestos, y la credibilidad de nuestro compromiso se debilitó mucho", señaló el diplomático durante su testimonio.
La Oficina de Supervisión del Gobierno (GAO) señaló en un informe distribuido en la audiencia que el flujo de "centenares de toneladas de cocaína, heroína, marihuana y metanfetaminas hacia EE.UU. ha incrementado y las confiscaciones tanto en México como en la zona fronteriza han sido relativamente pequeñas en años recientes".
Jess Ford, un funcionario de la GAO, atribuyó dicho fenómeno a la suspensión de un programa bilateral de vigilancia aérea, debido a los desacuerdos de ambos países sobre asuntos relacionados con recursos humanos.
