El poderoso jefe del Ejército de Tailandia intervino por primera vez en la crisis política del país, declaró la ley marcial y envió vehículos artillados al centro de la capital con la promesa de resolver el conflicto creciente lo antes posible.
La medida, que evitó ser un golpe de Estado en regla, dejó intactos el asediado gobierno interino y la Constitución. La vida se desarrollaba normalmente para los ciudadanos, tras seis meses de protestas que dejaron 28 muertos y más de 800 heridos.
Pero la intervención colocó al país en manos de los militares.
