Los presos se unen para sacar la COVID-19 de la mayor cárcel de Latinoamérica

Armados con termómetros infrarrojos, fumigadores y mascarillas hechas por ellos mismos, los más de 9.300 presos de la cárcel peruana de Lurigancho, la más poblada de Latinoamérica, se han unido para erradicar la COVID-19 de sus celdas y evitar que arrase con sus 24 hacinados pabellones.

Nada hacía presagiar que esta sobrepoblada penitenciaria de Lima diseñada para 2.500 presos reaccionaría con solidaridad para controlar el brote de la COVID-19 que se dio en abril, una amenaza que dos meses después parece estar casi por desaparecer, según pudo comprobar Efe en una visita a sus instalaciones.

Aunque el coronavirus todavía sigue dentro, los casos van en disminución y la calma ha vuelto a las celdas y pasillos, después de que el pánico llevara a los reos a intentar sumarse a la oleada de motines que se vivieron en varias cárceles de Perú en abril, en los que se pedía libertad para salvarse de la COVID-19.

A nivel nacional se han contagiado 2.606 reclusos, y de ellos han muerto 249. Hay 52 hospitalizados y 1.530 ya están recuperados.

Momentos críticos

En Lurigancho, que actualmente alberga 9.322 presos (casi el 10 % de los más de 94.000 reclusos de Perú), han muerto por coronavirus 31. Se hicieron 332 pruebas, de las que 158 salieron positivas, pero el médico Jorge Cuzquén, jefe del área de salud de la prisión, sospecha que los casos fueron muchos más.

"La situación llegó a ser muy crítica", reconoció a Efe el doctor. Por ello, hubo un conato de motín el 28 de abril, un día después de que la cárcel Miguel Castro Castro, ubicada a apenas un kilómetro en línea recta, protagonizara el peor de estos episodios al registrar nueve reclusos fallecidos.'

Afuera de la prisión, el riesgo de contagio continúa muy alto y los hospitales están desbordados. La pandemia sigue fuertemente arraigada en Perú, instalado como el sexto país del mundo y el segundo de Latinoamérica con más casos confirmados de COVID-19 al acumular casi 255.000, de los que más de 8.000 han fallecido.

"Les explicamos todo lo que teníamos previsto hacer y depusieron la protesta", relató a Efe el presidente en funciones del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), Rafael Castillo, que asumió la dirección en mitad de la emergencia de los motines.

Respuesta urgente

Lurigancho requería una respuesta urgente. Muchos presos tienen enfermedades que pueden poner en riesgo su vida si contraen la COVID-19. Un pabellón entero alberga a 500 reclusos con tuberculosis. Otros 280 tienen VIH y 353 presentan factores sensibles como diabetes, hipertensión o avanzada edad.

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"Teníamos mucha preocupación de que se expandiera el virus, pero gracias a los protocolos han disminuido los afectados", admitió a Efe Gustavo Martínez, recluso del pabellón 2, que ahora es parte de un equipo de prevención que se encarga de evaluar a sus compañeros para detectar posibles contagios y advertirlo a las autoridades.

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En cada pabellón se ha creado una brigada de este tipo. Tener a los reos como aliados en la prevención es parte de la nueva estrategia del Inpe para combatir la COVID-19 en las prisiones, y que tiene a Lurigancho como modelo para las otras 67 cárceles de Perú.

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"Cada uno por su lado no va a poder vencer a esta enfermedad. Hay que trabajar de manera conjunta", apuntó Castillo.

A la caza del covid-19

En el corredor central de Lurigancho, llamado Jirón de la Unión, igual que la calle principal del centro histórico de Lima, estos presos designados resguardan los accesos a los pabellones.

Van protegidos de pies a cabeza con trajes de bioseguridad y apuntan directo a la cabeza con un termómetro electrónico a todo a aquel que quiera ingresar a su pabellón. También lo rocían con abundante desinfectante.

"La población ya está informada de que puede acercarse a nosotros si tiene algún síntoma o molestia", comentó Martínez, que como los otros encargados fue capacitado para manejar instrumentos como el oxímetro de pulso, que mide la saturación de oxígeno en sangre.

Nuevos brotes cortados

El caso del pabellón 2 es ejemplar, pues hasta ahora solo ha aparecido un caso de la COVID-19. "Se tomó a tiempo, y gracias a Dios no fue a más. No es nada en comparación a lo que se ve en la calle", dijo a Efe Alberto, un recluso que esperaba a ser evaluado.

En este pabellón los presos también se hacen sus propias mascarillas. Salen del taller de zapatos que por estas semanas teje tapabocas para proteger a los otros reos.

"Ante la necesidad, tuvimos que cambiar y adaptarnos a la situación. Transmitimos a las autoridades nuestra inquietud para ver de qué manera nos ayudábamos entre todos", relató a Efe Segundo Vidarte, encargado del taller.

Sala hospitalaria con oxígeno

Cuando los presos encuentran a un compañero con aparentes síntomas de la COVID-19 lo llevan a la cancha de fútbol de la prisión. Allí se ha improvisado un centro de salud con módulos de campaña donde el equipo médico de la cárcel les hace una evaluación más detallada e rayos X para ver el estado de sus pulmones.

Si los síntomas son leves, les dan medicinas y vuelven a su pabellón para aislarse y hacer una cuarentena. Si el caso es moderado, quedan aislados y bajo observación en el taller del pabellón 18, convertido en una gran sala hospitalaria con 70 camas a cargo de un equipo de 60 profesionales de la salud.

"Yo estuve diez días ahí y logré recuperarme", comentó a Efe un joven recluso que venció al virus en este ambiente, que en el peor momento llegó a tener 40 camas ocupadas. Ahora solo hay seis pacientes. Solo si empeoran son trasladados a un hospital.

Cerco epidemiológico

"La idea es hacer un anillo de contención epidemiológica y estabilizar al recluso dentro del mismo establecimiento penitenciario para evitar que sea evacuado a la red de salud pública, que está bastante saturada", apuntó Castillo.

Gracias a esa estrategia no hay fallecidos por la COVID-19 en Lurigancho desde hace un mes, pues los casos se han detectado de manera temprana y no han derivado en neumonías severas.

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