El gobierno de Brasil inició ayer una ofensiva para reducir el costo político de una reciente denuncia de corrupción, que provocó la salida de un funcionario y que, según analistas, podría entorpecer el avance de proyectos de la administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La denuncia se basó en un vídeo de 2002 que mostró a Waldomiro Diniz, ex subjefe de Asuntos Parlamentarios de la Presidencia, pidiendo sobornos para financiar campañas políticas a un empresario ligado al juego ilegal.
Divulgada por la revista Epoca, del poderoso conglomerado de medios de comunicación Globo, la denuncia llevó la semana pasada a la salida del gobierno de Diniz, asesor y amigo de uno de los hombres fuertes del gobierno, el ministro de la Presidencia, José Dirceu, un virtual jefe de gabinete.
Las autoridades municipales no pueden cambiar los mecanismos de justicia... que es algo que le corresponde al Congreso. Ahí hay un poco de populismo. Un gobierno municipal no puede montar un mecanismo de justicia alternativa simplemente porque se le ocurrió"", dijo el Alto Comisionado, a Radio Caracol.
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