El 28 de abril de 2011, un explosivo accionado a distancia hizo temblar los muros del Café Argana, en la céntrica plaza de Yemaa al Fna, corazón turístico de la ciudad y del país, y causó la muerte de 14 turistas extranjeros y 3 trabajadores marroquíes.
Fue el atentado más grave en Marruecos en los últimos ocho años, y supuso un jarro de agua fría en el movimiento aperturista que también en Marruecos había nacido, contagiado por sus vecinos árabes.
La policía solo tardó siete días en dar con el autor del atentado y varios de sus cómplices, acusados de compartir ideas islamistas. Adel Otmani, un joven de 26 años, confesó ser el autor material de los hechos ante la policía, aunque en el juicio posterior aseguró que las confesiones le fueron arrancadas bajo tortura.
Otmani y su principal cómplice, Hakim Dah, fueron condenados a muerte el pasado mes de marzo por un tribunal de apelación que endureció las penas de primera instancia. Siete cómplices más fueron condenados a distintas penas de prisión.
Tras el arresto del grupo de Otmani, se han sucedido en el país las detenciones de comandos de inspiración radical suní.
En virtud de la Ley Antiterrorista aprobada a toda prisa en 2003 después de los atentados de Casablanca, la detención puede prolongarse durante 12 días. Las confesiones conseguidas ante la policía son consideradas pruebas judiciales, aunque son frecuentes las acusaciones de tortura.
Células terroristas sin aparente conexión entre sí son desarticuladas regularmente en todo el país, y sus miembros acusados y condenados por "constitución de banda criminal para cometer atentados y perturbar el orden público mediante el terror, la intimidación y la violencia", "pertenencia a un grupo religioso no autorizado" o "apología del terrorismo".
"Es cierto que han disminuido los abusos policiales -reconoce la presidenta de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), Jadiya Riadi- y que se guardan más las formas, pero continúan produciéndose detenciones sin pruebas y malos tratos policiales, y los juicios no son independientes"
Según Riadi, "más de la mitad" de los frecuentes arrestos y juicios por terrorismo "son casos fabricados, sin ninguna relación con un delito, lo que demuestra que la Justicia no es independiente".
En estos momentos hay en las cárceles marroquíes 654 presos de tendencia salafista, según datos de la Coordinadora de Defensa de detenidos islamistas.
Su portavoz, Anas Halui, señaló a Efe que las detenciones siguen produciéndose continuamente y, según él, la abundancia y reiteración de supuestos desmantelamientos de comandos terroristas ya no tienen credibilidad ante la población.
La coordinadora es una de las asociaciones salafistas que han salido a la luz pública en los últimos meses y que han dado visibilidad a un movimiento que, al igual que en Túnez o Egipto, había estado oculto hasta hace solo unos meses.
Dos indultos decretados por el rey Mohamed VI en estos últimos doce meses han sacado a la calle a decenas de salafistas presos en su mayoría tras el atentado de 2003 en Casablanca, incluidos tres líderes considerados los ideólogos del salafismo.
Los salafistas comienzan a ser cada vez más visibles en manifestaciones, dan ruedas de prensa, organizan cenas con personalidades políticas y hablan incluso de crear un partido.
Su salida a la luz ha vuelto más complejo el universo político islamista: ahora están los moderados del Partido Justicia y Desarrollo, que encabeza el gobierno; los ilegales de Justicia y Caridad, considerados mayoritarios en la calle, y los salafistas, que practican una lectura estricta del Corán y no esconden su desconfianza hacia la democracia por ser ajena al Islam.
