El Gobierno catalán mantiene la convocatoria del referendo separatista del 9 de noviembre, mientras estudia cómo amparar una votación expresamente prohibida por la justicia española.
Pese al pulso político entre Madrid y Barcelona (capital de Cataluña), sigue en el aire si la consulta para separarse del resto de España tendrá lugar o no, y en qué condiciones. El Gobierno español insiste en que es ilegal y no se celebrará. El presidente regional Artur Mas firmó el decreto de creación de una junta electoral encargada de supervisar la votación.
