Miles de chilenos protestan contra el sistema privado de pensiones
La movilización fue convocada por la Coordinadora No+AFP y la marcha más numerosa tuvo lugar en Santiago, aunque hubo otras manifestaciones en más de quince ciudades.
La movilización fue convocada por la Coordinadora No+AFP y la marcha más numerosa tuvo lugar en Santiago, aunque hubo otras manifestaciones en más de quince ciudades.
Miles de personas se manifestaron este domingo en varias ciudades de Chile contra el sistema privado de pensiones que rige en el país suramericano.
La movilización fue convocada por la Coordinadora No+AFP y la marcha más numerosa tuvo lugar en Santiago, aunque hubo otras manifestaciones en más de quince ciudades desde Arica, al extremo norte, a Punta Arenas, en la zona más austral de Chile.
Las protestas piden acabar con el actual sistema privado de pensiones, un modelo instaurado en 1980, durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que obliga a los trabajadores a depositar sus ahorros de jubilación en cuentas individuales manejadas por entidades privadas conocidas como Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
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Las AFP son empresas privadas que invierten en los mercados en busca de rentabilizar sus fondos, y el sistema ha enfrentado duras críticas estos últimos años debido al poco dinero que reciben los trabajadores cuando se jubilan.
A ese formato, el Gobierno del conservador Sebastián Piñera busca añadir con una reforma un aporte extra del 4 % a cargo del empleador, una iniciativa que según los detractores del modelo no resuelve el problema de fondo.
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Los reparos al modelo han repuntado estas semanas a raíz del caso de una profesora jubilada de Antofagasta que pidió a su AFP que le entregara todos sus ahorros previsionales para pagar un crédito hipotecario.
El caso llegó hasta el Tribunal Constitucional, que deberá dirimir si el decreto que creó el sistema de pensiones se contrapone a derechos fundamentales como el derecho a la propiedad.
Luis Mesina, portavoz de la Coordinadora No+AFP, dijo hoy que espera que la Justicia ratifique que los trabajadores son los propietarios de sus ahorros.