Un alto tribunal colombiano elevó a la categoría de delito de lesa humanidad el asesinato de un hombre ejecutado extrajudicialmente por militares, en una decisión que abriría el camino para que otros crímenes similares reciban el mismo tratamiento, se informó ayer oficialmente.
La determinación fue adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca en el homicidio de Fair Leonardo Porras, de 26 años, quien fue reportado por sus parientes como desaparecido en enero de 2008 de una barriada del sur de Bogotá y meses después apareció sepultado en el municipio de Ocaña, a unos 415 kilómetros al noreste de la capital, como un presunto rebelde muerto en combate.
Porras y al menos otros 10 hombres de la barriada de Soacha, al sur capitalino, fueron reclutados por militares y colaboradores corruptos y llevados al noreste del país con inexistentes promesas de trabajo para finalmente ser asesinados, según ha indicado la Fiscalía General.
En su momento, los militares que participaron en estos asesinatos dijeron que los 11 muertos eran delincuentes y rebeldes que fueron muertos en combate.
Prueba
En el caso de Porras, su familia logró demostrar que tenía discapacidad mental.
“Lo cierto es que de las pruebas allegadas al juicio se logró demostrar que por lo menos 11 jóvenes de sectores humildes... fueron desaparecidos en una época cercana a la fecha en que se reportó la desaparición de Fair”, dijo el tribunal en apartes del fallo a los que tuvo acceso The Associated Press.
El ataque, insistió el tribunal, se produjo contra la población civil.
El asesinato de Porras encaja en las condiciones del Estatuto de Roma para elevarlo al rango de delito de lesa humanidad, añadió el fallo.
Gravedad
Dado que hay otras víctimas de asesinatos bajo las mismas condiciones de Porras, los juristas han anticipado que esos casos también serían declarados de lesa humanidad.
En su dictamen, el tribunal condenó a 53 y 54 años de prisión al mayor en retiro del Ejército Marco Wilson Quijano y el teniente en retiro del Ejército Diego Aldair Vargas.
También fueron condenados a 53 años de cárcel los soldados Carlos Manuel González, Ricardo García, Carlos Antonio Zapata y Richard Ramiro Contreras. Todos están detenidos en guarniciones militares.
Al menos 54 militares han sido vinculados por la Fiscalía a los crímenes de los 11 hombres de Soacha, que no tenían relación familiar entre sí.
Que el asesinato de Porras sea elevado a la categoría de delito de lesa humanidad “agrava las penas porque son circunstancias agravantes, pero lo más importante es que sería imprescriptible”, explicó telefónicamente a la AP Guillermo Mendoza Diago, exfiscal general de la nación.
Para Mendoza, la sindicación de perpetrador de un crimen de lesa humanidad “no es por instituciones (como el Ejército), sino contra personas”; es decir, los militares que cometieron las ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”.
