Ministra venezolana de acuerdo con borrar antecedentes penales de exconvictos
"Una persona que cumplió su condena (...) tiene derecho constitucional a que su expediente sea rectificado, sea archivado, a que nadie acceda a esa información y a que desaparezca de los registros de uso público", dijo la ministra para el Servicio Penitenciario de Venezuela, Iris Varela
La ministra para el Servicio Penitenciario de Venezuela, Iris Varela, dijo hoy que los exconvictos tienen derecho a exigir al Estado que sean borrados sus antecedentes penales, pues asegura que los archivos en los que consta que la persona estuvo en la cárcel son usados con fines discriminatorios.
"Una persona que cumplió su condena (...) tiene derecho constitucional a que su expediente sea rectificado, sea archivado, a que nadie acceda a esa información y a que desaparezca de los registros de uso público", dijo la ministra durante un acto oficial transmitido por la televisión estatal.
Varela ofreció un discurso apasionado ante exreclusos y sus familiares en el que aseguró que ya giró instrucciones para que los exconvictos que así lo demanden, pueden asistir al Ministerio de Servicio Penitenciario para que el expediente "sea eliminado".
De acuerdo con la ministra el uso de los antecedentes penales ha servido para que el expresidiario se sienta "acorralado" por el estigma que supone sus antecedentes a la hora de conseguir trabajo hasta que "no le queda más remedio que volver a cometer otro delito" para sobrevivir".
Varela indicó que el derecho de los exconvictos a tener expedientes limpios está plasmado en el artículo 28 de la Constitución venezolana.
El artículo mencionado por Varela dice: "Toda persona tiene el derecho de acceder a la información y los datos sobre sí misma (...) solicitar ante el tribunal competente la actualización, rectificación o la destrucción de aquellos si fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus derechos".
Varela hizo el anuncio después de que a mediados del mes pasado concluyera una fuerte crisis penitenciaria en la cárcel de La Planta, en Caracas, donde presos armados se mantuvieron amotinados por unas tres semanas y que dejó, según el Gobierno, un muerto y tres heridos leves, todos habitantes de viviendas cercanas al penal.
El Gobierno ha admitido que tiene "un grave problema" por el ingreso de armas y todo tipo de cosas a las prisiones, aunque asegura que está tratando de reestructurar el sistema carcelario.
El Ministerio para el Servicio Penitenciario fue creado por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, hace casi un año para paliar los problemas en los internados judiciales del país tras culminar la crisis más larga y masiva en un complejo carcelero próximo a Caracas.
Según la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), durante 2011 se presentaron al menos 560 muertos y 1.457 heridos en hechos registrados en las 35 prisiones del país, donde hay un hacinamiento, según esa fuente, del 360 %.
