El presidente de Bolivia, Evo Morales, calificó como "draconiana" la llamada Directiva de Retorno de inmigrantes ilegales, que se debatirá hoy en el Parlamento Europeo.
En un artículo aparecido en el diario británico "The Guardian", Morales criticó especialmente los poderes incluidos en la propuesta de ley que, recalcó, incluirían la posible detención de indocumentados por un período que podría extenderse hasta 18 meses.
Agregó Morales que, posteriormente, los inmigrantes enfrentarían deportaciones independientemente del tiempo que hayan permanecido en la UE, su situación laboral, vínculos familiares o el nivel de integración que tuviesen en la sociedad local.
El mandatario boliviano aseguró que la mayoría de los inmigrantes de la Unión Europea contribuyen a aliviar los problemas económicos y demográficos que enfrentan los países del bloque.
Apoyo.
El colaborador de la BBC en Bruselas, Jordi Miró, destaca que la directiva fue aprobada por el Consejo (estados miembros) por unanimidad y que cuenta con el respaldo del Grupo Popular, el Liberal y el de Unión por la Europa de las Naciones (UEN), que juntos forman mayoría.
El segundo grupo mayoritario en la Eurocámara, el socialista, manifiesta parcialmente su apoyo y algunas delegaciones, entre ellas la española, quieren introducir algunas enmiendas al texto.
En ese sentido buscarían que el período máximo de retención de inmigrantes no se prolongue por más de tres meses, que podría ser ampliado a otros tres más en casos excepcionales.
En contra del proyecto se manifiestan el grupo Verde e Izquierda Unitaria.
Bloqueo.
Por otra parte, Morales advirtió nuevamente que, de aprobarse la directiva, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) se vería ante la "imposibilidad ética" de profundizar las negociaciones con la UE.
Dijo que bajo la llamada "protección judicial" los países de la Comunidad estaban siendo presionados para revertir los procesos de nacionalización de las empresas de agua, gas y telecomunicaciones.
Y se preguntó: "¿Dónde está la protección judicial para la gente de nuestros pueblos que busca nuevos horizontes en Europa?".
Igualmente advirtió que su país podría imponer restricciones al otorgamiento de visas a ciudadanos europeos, apelando al principio diplomático de reciprocidad. La ley, que entraría en vigor en 2010, afectaría a unos ocho millones de inmigrantes ilegales que se calcula viven en los 27 estados miembros de la UE.
