Las elecciones del domingo en Nicaragua se desarrollarán sin la observación de entes como la OEA, la Unión Europea (UE) y el Centro Carter, acusados de "sinvergüenzas" por el gobernante y aspirante a la reelección, Daniel Ortega, lo que le ha valido duras críticas internas y también en el exterior.
Unos 5,000 representantes universitarios, entre docentes, estudiantes y personal administrativo del Consejo Nacional de Universidades (CNU), que dirige el asesor presidencial para todos los temas del gabinete de Gobierno, Telémaco Talavera, han sido autorizados a presenciar esas elecciones.
También 4,308 procuradores electorales que organizará la estatal Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
La lista de acompañantes autorizados incluye a un grupo de 14 representantes de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Perú, República Dominicana y Uruguay.
El presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua, Roberto Rivas, ha dicho que corresponde a los nicaragüenses la labor de vigilar los comicios de noviembre y no a un comité de observadores extranjeros.
El CSE es acusado por la oposición de alterar los resultados de las elecciones municipales de 2008 y las presidenciales de 2011 a favor del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
El informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre los comicios de 2011 en Nicaragua indicó que su misión de acompañamiento electoral detectó irregularidades y recabó denuncias.
En organismo hemisférico recomendó entonces una reforma de la Ley Electoral, renovar los procesos de información electoral, sanear el padrón y modernizar los sistemas de cómputo y la logística, entre otros puntos.
En tanto, en su informe final la UE señaló que Nicaragua sufrió un "retroceso" en su "calidad democrática" tras los comicios de 2011, que fueron ganados por Ortega en medio de denuncias de fraude.
Por su lado, el estadounidense Centro Carter, del expresidente de EE.UU. Jimmy Carter (1977-1981), afirmó entonces que los jueces electorales organizaron y celebraron en 2011 los comicios nacionales "más opacos" de los últimos 20 años en Nicaragua.
"Aquí se acabó la observación", sentenció Ortega el 4 de junio pasado, cuando fue proclamado por los sandinistas para aspirar a una nueva reelección, la cuarta y tercera consecutiva.
Ese día el líder sandinista criticó a los observadores de la OEA, UE y a los "yanquis", en alusión a los Estados Unidos, porque, a su juicio, solo se pronuncian en procesos de los países donde no tienen "su dominio".
La sentencia de Ortega recibió la crítica inmediata de las iglesias católicas y evangélicas, de las principales cúpulas patronales, y de la sociedad civil, que demandaban la presencia de observadores independientes en Nicaragua.
Para el embajador de Nicaragua en Washington durante el primer gobierno sandinista (1979-1990), Carlos Tünnermann, la ausencia de observadores independientes restará credibilidad y legitimidad a las elecciones.
"Estas elecciones se van a hacer con las reglas del juego de Ortega, no con las reglas del juego legal y constitucional de Nicaragua", dijo a Acan-Efe la escritora nicaragüense Gioconda Belli, quien consideró "muy difícil" que Ortega pueda legitimar un eventual triunfo en unas elecciones cuestionadas, además, porque no participará el principal bloque opositor.
Para el analista político José Antonio Peraza, estos comicios dejarán "un Gobierno sin legitimidad y seriamente cuestionado en todo el proceso", y con la "necesidad profunda de hacer cambios en el CSE y posiblemente en el Poder Judicial, que son urgentes".
Si bien la legalidad y legitimidad de Ortega "es cuestionable", tampoco se puede negar "la efectividad de su Gobierno hasta hora" en política macroeconómica, seguridad ciudadana y alianza con el sector privado y sindicatos, señaló por su lado el analista político Arturo Cruz.
Para Cruz, es posible que Ortega acuerde con la OEA, con el que ha iniciado un mecanismo de negociación, elevar la credibilidad de los procesos electorales a partir del próximo quinquenio.
En tanto, unos 4.34 millones de nicaragüenses están habilitados para elegir el 6 de noviembre a un presidente, vicepresidente, 90 diputados ante la Asamblea Nacional y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano, sin la vigilancia de observadores de la OEA, UE y el Centro Carter.
