En un país donde policías y funcionarios son acusados desde hace años, y con frecuencia, de cobrar por hacer un trámite o adjudicar un contrato o una licencia estatal, la guerra contra la corrupción anunciada por el presidente Nicolás Maduro, aunque necesaria, fue recibida con cierto escepticismo.
Maduro, quien acaba de ganar una elección en la que la oposición denunció un fraude, aseguró que toda persona acusada de robarle al Estado, sin importar su rango, sería detenida.
La campaña ha llevado a la cárcel en los últimos dos meses a decenas de funcionarios por desfalcos a fondos de inversión del Estado, a una empresa minera estatal y a tesorerías de varias provincias. Entre los detenidos figuró el jefe de una agencia de protección al consumidor acusado de extorsión.
En las últimas dos semanas, la cruzada puso en la mira al círculo del líder opositor Henrique Capriles, en lo que críticos señalan que es una cacería de brujas que podría desembocar en un control total del poder político por parte del gobierno.
“El Ejecutivo tiene suficientes poderes, tiene un control excesivo... Demasiado grande”, dijo Mercedes De Freitas, directora ejecutiva para Venezuela de la organización no gubernamental Transparencia Internacional.
“Hay que desconcentrar ese poder para dar la lucha contra la corrupción, no darle más poder”.
En actos oficiales que son difundidos por una amplia red de medios estatales, Maduro y otros dirigentes han dicho que Capriles y miembros de su partido Primero Justicia son corruptos.
“Ellos (la oposición) tapan las pruebas. La prensa burguesa y la televisión burguesa las tapan y pretenden convertir en héroes a los malandros de la derecha... Todos somos Al Capone, o todos somos Pablo Escobar Gaviria, eso es lo que quisiera gritar la derecha'', dijo Maduro este mes durante un acto en un teatro capitalino donde refutó que las acciones iniciadas contra algunos opositores respondan a una “persecución política”, y sostuvo que los procesos están basados en una “investigación seria”.
