El presidente que resulte vencedor de la segunda vuelta de las elecciones, el próximo domingo, para suceder en el poder al socialdemócrata Álvaro Colom, recibirá una Guatemala endeudada, violenta y empobrecida.
Los guatemaltecos acudirán de nuevo a las urnas para escoger, entre el general retirado Otto Pérez Molina y el empresario populista Manuel Baldizón, ambos de derecha, al jefe de Estado que los gobernará durante cuatro años a partir del 14 de enero de 2012.
Pérez Molina, del Partido Patriota (PP) , es según todos los sondeos de opinión, el favorito para ganar, aunque Baldizón, de Libertad Democrática Renovada (Líder), confía en vencerle.
Con un promedio de 48 homicidios por cada 100,000 habitantes, el 60 por ciento de ellos atribuidos al crimen organizado, Guatemala es considerado uno de los países más violentos de América Latina y del mundo.
Según la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), una instancia de las Naciones Unidas que se estableció en el país en 2007 para desarticular las estructuras delictivas, el 98% de los asesinatos quedan impunes.
Estudios de la ONU señalan que a Guatemala le cuesta unos 2300 millones de dólares anuales la violencia, que Pérez Molina promete combatir con “mano dura” y, por su parte, Baldizón con la aplicación de la pena de muerte.
Las redes del narcotráfico que operan en el país, sobre todo el sanguinario grupo mexicano Los Zetas, que han sembrado el terror con varias matanzas, son otro problema que espera al futuro gobernante.
La administración de Colom se ufana de que su gobierno fue el que más sustancia ilícita y bienes ha incautado a los cárteles .
Solo en los primeros 10 meses de 2011 les decomisó 3172 millones de dólares, un 44,37% más que en todo 2010, lo que equivale al 30% de la deuda pública.
Aunado al flagelo de la violencia, que tiene de rodillas a la población, el próximo gobernante también tendrá que hacer frente a la pobreza que afecta al 51% de los 14 millones de guatemaltecos, de los cuales el 15% vive en la miseria.
Los niveles más extremos de la pobreza se dan entre la población indígena, en la que afecta al 73% de los más de 5,8 millones de personas de las diferentes etnias, que sufren discriminación.
Los dos candidatos han prometido en sus campañas mantener los programas sociales que impulsó la administración de Álvaro Colom, que han beneficiado a miles de pobres con bolsas solidarias y ayudas condicionadas a la escolarización y atención sanitaria.
