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Odebrecht acepta la mayor parte de las condiciones del Estado ecuatoriano, según la prensa


La empresa brasileña Odebrecht, amenazada con expulsión de Ecuador por fallos en la operación de una central hidroeléctrica, se queda en el país, tras las negociaciones con el Gobierno en las que aceptó gran parte de las condiciones, publica hoy el diario Expreso.

Odebrecht "aceptó al menos el 90 por ciento de las exigencias del Estado", según el rotativo.

"Lo que abrió el camino hacia el acuerdo es que Odebrecht depositó ayer en las cuentas del Estado el valor del lucro cesante, calculado hasta la fecha en unos 16 millones de dólares, el resto lo cancelará en octubre, cuando termine la reparación de la hidroeléctrica San Francisco", indica.

 

Además, devolvió el valor de la prima por 13 millones de dólares, que cobró por "aceleramiento de la obra".

También aceptó asumir todos los costos de la reparación de la central dañada y de los arreglos que se hagan ahora y los de 2009, agrega.

"Odebrecht se allanó a las exigencias del Estado porque es su responsabilidad arreglar lo que hizo mal", señaló Bernardo Enríquez, representante del presidente de Ecuador, Rafael Correa, en el sector eléctrico.

 

Los acuerdos llegaron el jueves por la noche, una vez que el presidente Correa exigió resultados.

Aún quedan algunos detalles pendientes, como definir quién hará el "análisis técnico internacional" planteado por Odebrecht, para que mediante una auditoría establezca los grados de responsabilidad de la constructora en la central San Francisco.

"El Estado está dispuesto a que el caso se someta a un veedor o perito internacional para que en estricta justicia determine las responsabilidades. Eso conviene al país para que no se diga que se está cometiendo arbitrariedades con las empresas, dijo Esteban Cazares, subsecretario de Electricidad.

 

"Que venga una comisión o técnicos internacionales y revise lo que quieran, pues aquí el único perjudicado ha sido el Estado", precisó Alfredo Vera, secretario Anticorrupción.

La empresa brasileña es investigada por Vera y por la Fiscalía de Ecuador después de que técnicos ecuatorianos detectasen fallos estructurales en la central hidroeléctrica San Francisco, situada en la Amazonía ecuatoriana, construida por esa firma.

El Gobierno le dio a Odebrecht hasta el 4 de octubre para que repare los daños en la planta hidroeléctrica cerrada desde el 6 de junio, un año después de que la firma brasileña hizo la entrega formal de la obra.

 

Varias autoridades, entre ellas el presidente Rafael Correa, han advertido a la empresa brasileña de expulsarla, si no cumplen con los compromisos adquiridos con el Gobierno ecuatoriano.

El Estado ecuatoriano pidió a Odebrecht 43 millones de dólares como garantía, mientras se realiza una auditoría sobre la central hidroeléctrica San Francisco.

El Gobierno de Ecuador había advertido a Odebrecht que podría rescindir el resto de convenios que tiene esa firma en el país, entre ellos la construcción de otra planta hidroeléctrica, un sistema de riego y un aeropuerto, si no repara hasta la fecha indicada la planta San Francisco.


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101 años de Panamá América

 
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