La OEA expresó hoy su preocupación por la "cada vez más notable presencia del narcotráfico" en zonas donde operaban los escuadrones paramilitares colombianos y la presencia de cadenas de mando que no se acogieron al programa de desmovilización.
Así consta en el décimo informe trimestral del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA), presentado hoy ante el Consejo Permanente del organismo.
El máximo responsable de la OEA afirma en el informe que continúa la influencia de ex comandantes paramilitares de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y la existencia de mandos medios que se encuentran en la clandestinidad.
Según la OEA, persisten cadenas de mando que "tienen el propósito de seguir controlando actividades ilegales en las zonas donde operaban con anterioridad a la desmovilización de los paramilitares".
La OEA destaca el esfuerzo del Gobierno colombiano en pro de una mayor presencia de la fuerza pública en diferentes regiones del país, si bien critica que en algunas zonas de influencia de los paramilitares desmovilizados "no se observa una presencia importante" de agentes policiales o militares.
Como consecuencia, constata Insulza, en esas regiones la guerrilla tiene actualmente una presencia más visible "desarrollando acciones concretas".
De hecho, la OEA argumenta que sectores del narcotráfico vieron una oportunidad en la desmovilización de las AUC para ganar el control de zonas de cultivos de uso ilícito.
Después del plan de desarme del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, argumenta la OEA, comenzaron a emerger organizaciones que "buscan mantener la influencia ilegal en determinadas áreas en las que el Estado aún no ha logrado restablecer plenamente su presencia".
A juicio de Insulza, detrás de esta dinámica existe un proceso de adaptación mediante el cual algunos integrantes de las AUC desarticuladas pasan a formar parte de "ejércitos privados al servicio del narcotráfico, con una marcada naturaleza mafiosa".
La OEA advierte de que esta situación "compromete la seguridad de distintas comunidades que sienten temor ante la posibilidad de represalias por parte de los grupos guerrilleros".
Un punto importante hacia una desarticulación completa de las AUC es la reintegración de sus miembros en la sociedad colombiana, lo que ha tomado un nuevo rumbo con la puesta en marcha de la Alta Consejería para la Reintegración (ACR), que ha desarrollado una estrategia a nivel nacional que da resultados "de manera paulatina".
La OEA valora la estrategia de esta agencia, pero indica que ésta deberá superar a medio plazo obstáculos como la falta de interés por parte de algunos gobiernos locales y la desarticulación institucional, la desmotivación de los ex combatientes, las escasas oportunidades de ocupaciones estables y la seguridad de los desmovilizados.
Insulza también se refiere a la Ley de Justicia y Paz, de la que dice que se "encuentra en un momento crucial" y que requiere un mayor compromiso, la participación articulada de todas las instituciones involucradas y el apoyo de la comunidad internacional.
En este sentido, el diplomático chileno destaca que tras dos años de aplicación de la ley, con el consiguiente esfuerzo institucional para encausar las "versiones libres" o confesión de sus delitos ante la fiscalía, "se presentan situaciones que generan escenarios de incertidumbre y podrían eventualmente comprometer lo alcanzado hasta ahora".
