México logró avances en materia de derechos humanos pero debe hacer más para abatir la impunidad, especialmente juzgando en tribunales civiles a militares que comentan abusos y defendiendo mejor a mujeres, indígenas e inmigrantes, explicó a Efe una alta funcionaria de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
"Puedes tener leyes, políticas, medidas, eso es positivo, pero la otra cara de la moneda (...) es asegurar que cuando los derechos son violados, especialmente si los que lo hacen son agentes el Estado, tienen que ser llevados ante la justicia, y esto parece que es un eslabón perdido aquí", aseguró en entrevista con Efe Kyung-wha Kang, alta comisionada adjunta de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH).
Kang concluyó este fin de semana una vista a México, de donde se marcha más consciente de ciertos asuntos en los que hay que trabajar a fondo a pesar de lo logrado.
"Ningún país es perfecto. Los derechos humanos son aspiraciones normativas y todos (los países) tienen retos diferentes", reconoció la representante del ACNUDH.
No obstante, se dice impresionada por la impunidad que percibió en sus conversaciones con funcionarios y activistas de varias organizaciones no gubernamentales (ONGs) estos días.
Uno de los casos con el que está más sorprendida es el de la guardería ABC, donde 49 niños murieron en un incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, la capital de Sonora, por el que no hay personas sentenciadas aún.
"Eso ocurrió hace un año y hasta hoy nadie ha dimitido, nadie fue destituido, nadie está siendo investigado como querríamos", dijo la alta funcionaria internacional.
"Creo que este caso es muy revelador como elemento último de los derechos humanos, que es la justicia y el ejercicio de la ley, (lo cual) es invisible (en México). En este sentido esperamos que las autoridades muestren progresos visibles", demanda.
Menciona también los "feminicidios", como se conoce a los más de 400 asesinatos de mujeres ocurridos desde 1993 en Ciudad Juárez, urbe fronteriza con El Paso (EE.UU.), donde se han visto "muy, muy pocos casos donde los autores son puestos ante la justicia", señala.
Kang considera que abatir la impunidad debería ser un "reto general para todas las áreas" de Gobierno en México, donde se debe trabajar más en proteger a las víctimas, entre quienes cita a mujeres, indígenas y a miles de inmigrantes que cada año cruzan el país en busca de una mejor vida en EE.UU.
La visita de Kang, preparatoria de la que en noviembre hará la Alta Comisionada Navi Pillay, le permitió también reunirse con funcionarios de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).
Estos le compartieron los esfuerzos que ha hecho la institución para prevenir los abusos a derechos humanos cometidos por los militares desplegados en labores de seguridad pública por el país allí donde fallan las policías.
Este despliegue, ordenado por el presidente Felipe Calderón poco después de asumir el poder, el 1 de diciembre de 2006, ha sido muy cuestionado, sobre todo por ONGs y académicos que han denunciado las muertes de civiles inocentes en operativos militares, varios casos de violación y otros de abusos.
"El Ejército no está, básicamente, entrenado o encargado de hacer eso" (labores policiales), recuerda Kang, quien, sin embargo, respeta la decisión de Calderón.
"Nosotros no la cuestionamos pero sentimos que es nuestra obligación indicarles (a las autoridades) los retos en derechos humanos. Y ha habido muchos casos de abusos y violaciones cometidos por los militares en este proceso de lucha contra la delincuencia", señala.
Aunque la Sedena cuenta ya con una oficina de enlace con la sociedad civil y creó en enero de 2008 una Dirección de los Derechos Humanos para atender estas quejas, Kang pide abiertamente terminar con el "fuero militar", el sistema que permite que cualquier abuso cometido por la gente de armas sea juzgado en el seno de la institución castrense.
"Me han dicho que, por supuesto, este asunto está sometido a revisión (en el Legislativo). Esperamos mucho poder ver ese cambio. Los abusos y violaciones que sufran civiles deberían ser juzgados en cortes civiles, sean policías o soldados", sentencia.
La oficina del ACNUDH fue establecida en México en 2002 como parte de un acuerdo de cooperación técnica con el Estado mexicano, el cual fue extendido hace dos años hasta 2012.
