Diálogo
- Llamado
- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, llamó a la mesa de la unidad (MUD) a reincorporarse al diálogo asegurando que su gobierno no abandonará estas conversaciones.
- Razones
- Universitarios y opositores, esencialmente de clase media, han salido a protestar contra la elevada inflación -que alcanzó el 59% anual en marzo-, el desabastecimiento de productos de primera necesidad y un alto índice de delincuencia. Sin embargo, el Gobierno afirmó que el país es mucho más que esa plataforma opositora.
- Crisis
- Venezuela vive desde el pasado 12 de febrero protestas antigubernamentales, que en ocasiones se han vuelto violentas y que dejan a día de hoy un saldo de 42 muertos, cerca de 800 heridos y cientos de detenidos.
Cancilleres sudamericanos y el nuncio apostólico intentaban el lunes desbloquear el proceso de diálogo entre el Gobierno y la coalición opositora en Venezuela, suspendido desde la semana pasada.
Los cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador y el nuncio apostólico en Caracas, facilitadores del proceso, esperaban sostener una segunda jornada de reuniones con las partes, indicó Andrés Velásquez, diputado del partido opositor La Causa R.
Velásquez, uno los representantes de la oposición en el proceso de diálogo, dijo a The Associated Press en entrevista telefónica que la coalición opositora está abierta a retomar el proceso; pero sostuvo que para lograr ese objetivo “el Gobierno tiene que dar muestras”.
Al ser interrogado sobre las condiciones que exige la llamada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para retomar los diálogos, Velásquez afirmó que se “debe cumplir con la libertad de (el excomisario) Iván Simonovis y se debe poner en libertad y darles sobreseimiento a todos los estudiantes que están sometidos a juicio” por participar en protestas callejeras.
El dirigente agregó que la oposición insiste también en el “desarme” de los grupos paramilitares prooficialistas conocidos como “colectivos” y una ley de amnistía para liberar a los “presos políticos”.
Simonovis es un exjefe policial que fue condenado en 2009 a 30 años de cárcel por complicidad en las muertes de manifestantes oficialistas que ocurrieron en medio del fallido golpe de abril de 2002.
El excomisario padece varias afecciones graves de salud que han llevado a la oposición a emprender una campaña para lograr que sea sacado de la cárcel militar donde está recluido.
La coalición opositora, que agrupa cerca de una docena de partidos y organizaciones, decidió la semana pasada suspender los diálogos con el Gobierno en rechazo a la represión de las marchas de los universitarios y al desmantelamiento de cuatro campamentos.
La congelación de las conversaciones no representó el fin del proceso, pero sí un revés a la iniciativa que vienen impulsando desde abril los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
Los cancilleres y el nuncio apostólico se reunieron por unas dos horas con los representantes de la oposición para escuchar las razones que los llevaron a congelar las conversaciones con el Ejecutivo.
