La periodista mexicana Lydia Cacho dijo hoy a Efe que llevará ante instancias internacionales el caso de su detención en 2005, sobre el que la Suprema Corte de México emitió este jueves un veredicto que no inculpa a las autoridades que la ordenaron.
Cacho, que destapó una red de pederastia en el Caribe mexicano, fue detenida en diciembre de 2005 en Quintana Roo (sureste) por policías del estado de Puebla (centro) con la intención de ser trasladada a una cárcel de dicho territorio para ser vejada.
La decisión fue tomada para darle un escarmiento a la periodista por el gobernador de Puebla, Mario Marín, y el empresario Kamel Nacif, implicado en la red pederasta destapada por Cacho, según conversaciones telefónicas entre ambos hechas públicas por la prensa y analizadas en la Corte.
"Ya teníamos listo el expediente para enviarlo a los organismos internacionales", dijo la periodista, quien no albergó muchas esperanzas de que esto vaya a revertir la resolución de hoy del tribunal.
El veredicto concluye que ni Marín ni el resto de implicados cometieron violaciones graves a las garantías individuales de Cacho y deniega la validez legal de las grabaciones telefónicas, por ser realizadas sin un mandato judicial.
Cacho estimó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitirá alguna recomendación, pero que no cambiará la situación.
"Seguramente saldrá algún documento de la Presidencia (mexicana) que diga lo que la Corte avaló y que es el máximo órgano y que hay derechos humanos en México", dijo la periodista.
"Es gravísimo por donde se vea, no solamente porque es la violencia en contra mía, sino porque el aparato del Estado fue utilizado para acallar el caso de pornografía infantil", denunció la periodista.
Cacho criticó abiertamente a las magistradas de la Suprema Corte Olga Sánchez y Margarita Luna porque aseguró que ellas se comprometieron a votar junto con el magistrado ponente del caso, Juan Silva Meza, para proceder en contra del gobernador de Puebla.
Cacho consideró que esta resolución de la Corte también es una bofetada al periodismo mexicano, porque estaba perfectamente sustentada la existencia de la red de pornografía infantil.
En cuanto al argumento de que las grabaciones fueron obtenidas de manera ilegal y que por eso no procederían contra Marín, la periodista dijo que la investigación nunca se basó en esas conversaciones.
"Es muy tramposo del magistrado Salvador Aguirre Anguiano que diga que las llamadas son la base de toda la investigación, eso es absolutamente falso", aseguró.
Cacho resaltó que sobrevivió de milagro cuando fue detenida y que no es lo mismo el que un gobernador proteja a un empresario a que proteja "a un hombre que compra niñas por dos mil dólares para tener orgías con ellas".
Desde su detención en diciembre de 2005 la periodista ha sido objeto de un atentado fallido contra su vida y de constantes amenazas de muerte.
