Piden al Gobierno de Nicaragua deponer el asedio a las parroquias
Episcopado también criticó al Estado nicaragüense por su indiferencia con las madres en huelga de hambre.
El padre Edwin Roman intenta convencer a la policía de que permita que parientes de manifestantes antigubernamentales encarcelados y muertos ingresen a la Iglesia de San Miguel Arcángel en Masaya. FOTO/AP
La Conferencia Episcopal de Nicaragua pidió este martes al Gobierno de Daniel Ortega poner fin al asedio a sus parroquias, y expresó su preocupación por las agresiones físicas sufridas por un sacerdote y una monja en el interior de la Catedral Metropolitana de Managua.
El Episcopado también criticó al Estado nicaragüense por su indiferencia con las madres que se encuentran en huelga de hambre por la liberación de sus hijos en medio de la crisis sociopolítica que atraviesa el país desde hace 19 meses y que ha dejado cientos de muertos y de detenidos, miles de heridos, y decenas de miles en el exilio.
Los obispos, en el documento, expresaron "su profunda preocupación por las agresiones físicas contra algunos consagrados, el acoso, asedio e irrespeto contra la Catedral Metropolitana y otros templos parroquiales de la Arquidiócesis de Managua".
GRUPOS VIOLENTOS AFINES AL GOBIERNO
"Grupos violentos afines al Gobierno" agredieron anoche al sacerdote Rodolfo López y a sor Arelys Guzmán en la Catedral de Managua, según denunció la Arquidiócesis de la capital nicaragüense.
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Los denominados "católicos revolucionarios" ingresaron y tomaron el control de la catedral, donde al menos nueve madres habían iniciado una huelga de hambre por la liberación de sus hijos.
En ese sentido, el Episcopado criticó la indiferencia del Estado ante los derechos de los nicaragüenses que manifiestan su dolor y sus necesidades comprometiendo sus vidas.
También se solidarizaron con el cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes e hicieron suya su preocupación de padre ante el asedio que sufre su hijo, el reverendo padre Edwin Román junto a los demás feligreses con los que se encuentran el interior de la parroquia San Miguel Arcángel, que acoge a otras 11 huelguistas.
GRITO DE IMPOTENCIA
Al menos 20 mujeres están en huelga de hambre por la liberación de sus familiares y en protesta contra Ortega, un grupo de 11 en la parroquia San Miguel Arcángel en la ciudad de Masaya (sureste), y 9 en Managua.
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"Estas son personas con derechos, especialmente el derecho por excelencia que es la vida", destacó la Conferencia Episcopal, para quien este modo de protesta "es un grito de impotencia, de inseguridad, de tristeza, de indignación, (y) es el resultado de muchos meses de sufrimiento.
"Exhortamos a los responsables de estos asedios para que depongan su postura. Es demasiado el dolor que han sufrido los nicaragüenses. La familias que se encuentran asediadas cargan con un doble sufrimiento: la falta de libertad de sus familiares encarcelados y, ahora, el estado de sitio que atenta contra sus vidas", abogaron en la declaración.
Instaron al Gobierno que escuche las peticiones de los huelguistas, "que a la vez son sus derechos".
POLICÍA MANTIENE CERCO
La Arquidiócesis de Managua, que dirige el cardenal Brenes, ha pedido al presidente Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, que adopten acciones inmediatas para que se respeten todos los templos católicos de Nicaragua.
También ha demandado a la Policía Nacional que retire sus agentes "que asedian e intimidad la Catedral y nuestras parroquias".
La Catedral de Managua, así como la parroquia San Miguel Arcángel, están cercada por centenares de agentes de la Policía que cerraron las vías de acceso, aunque, en el caso del templo de la capital, han permitido el ingreso de los simpatizantes de Ortega y de medios oficiales.
Los seguidores de Ortega, que se identifican como "católicos revolucionarios", protestan contra la Iglesia católica por acoger en sus templos a las huelguistas, y han advertido que no permitirán otra Bolivia en Nicaragua.
Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 651 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.