La orden de captura de un grupo de militares que liberaron a 71 rehenes hace cinco años en la residencia del embajador de Japón en Lima abrió ayer una polémica entre ex secuestrados, el gobierno y organismos de derechos humanos en Perú.
Dos de los ex rehenes rechazaron el pedido de detención solicitado por un juez, mientras la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos exigió respetar las decisiones judiciales luego que el ministro de Defensa, Aurelio Loret de Mola, afirmó que era un "despropósito" la orden de captura.
La justicia peruana pidió el martes la detención de 12 comandos de alto rango del ejército peruano por presunta ejecución de guerrilleros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) que asaltaron la vivienda diplomática.
